Hormiga aclara que el grupo quiere ayudar a identificar a toda la rama tinerfeña de esta supuesta trama de maltrato animal.

La formación insular espera que el caso siente un precedente y ayude a superar el récord de maltrato animal que ostenta la Isla.

El grupo insular de Podemos en el Cabildo de Tenerife ha presentado este martes ante el juzgado de instrucción número tres de Torrejón de Ardoz (Madrid) escrito de personación como acusación popular en el procedimiento de diligencias previas que investiga, entre otras actividades supuestamente delictivas, la trama de peleas clandestinas de perros y apuestas ilegales descubierta en Güímar el pasado mes de febrero, así como la crianza y adiestramiento irregular de canes para peleas que ha sido localizada, entre otros puntos de dentro y fuera de la isla, en Guímar y en Arona.

En este procedimiento que afecta a varias provincias se investigan supuestos delitos de maltrato animal en el seno de una organización criminal, tenencia ilícita de armas, tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Durante la operación policial llevada a cabo en Tenerife hace un mes y medio, fueron enviadas a prisión diez personas, la mayoría puestas ya en libertad con fianza.

La consejera insular de Podemos Mila Hormiga explica que el interés de su formación en esta personación radica fundamentalmente en la parte de la investigación  de maltrato animal que atañe a Tenerife y, en general, a Canarias.

“En primer lugar –apunta esta activista en la defensa de los derechos de los animales–, nos preocupa el destino final de los perros que han sido requisados en la isla durante esta operación”. Aclara que esos animales se encuentran “en un limbo”, “pues no se sabe quién tiene que responsabilizarse de su futuro y mantenimiento y, ni siquiera, si se da por hecho que hay que sacrificar indiscriminadamente a todos los perros requisados de las mal llamadas razas potencialmente peligrosas, sin valorar previamente si son agresivos o recuperables”. En cuanto se acepte la personación y la formación pueda acceder al expediente, añade, “podremos saber si el juez instructor ya está actuando para garantizar la protección presente y futura de estos perros o si, por el contrario, es necesario que intervengamos nosotros pidiendo medidas cautelares en ese sentido”.

Destaca que el grupo Podemos también tiene especial interés en prestar toda su colaboración para ayudar a dilucidar la magnitud de esta trama y, en particular, quiénes están detrás, “pues si hay más personas involucradas además de las ya identificadas, queremos que se llegue hasta el final en su localización y petición de responsabilidades”. “Esta investigación judicial puede ser un acicate importante para avanzar en la concienciación contra el maltrato animal, lacra en la que Tenerife ostenta un vergonzoso récord estatal”, enfatiza Hormiga.

Entre otros objetivos, resalta también que el grupo quiere aprovechar este procedimiento judicial para que se creen de protocolos de actuación que ayuden a dilucidar el procedimiento a seguir ante situaciones similares que puedan darse en el futuro. “En esta ocasión, al no estar claro qué le corresponde asumir a cada cual, ha sido caótica la coordinación entre cuerpos y fuerzas de seguridad, administraciones públicas y protectoras de animales, y sería muy positivo que se pudiera remedio a este caos”.

Por último, Hormiga remarca que tanto este procedimiento como el citado protocolo “si se desarrollan como es debido en lo que concierne a la protección animal, pueden sentar un precedente muy útil sobre cómo actuar correctamente con los mal llamados perros de razas potencialmente peligrosas que son requisados por orden judicial”. Detalla que la confusión reinante en torno a ese término hace que se tienda a criminalizar de antemano a esos perros, privándolos de un seguimiento y diagnóstico profesional que determine si son agresivos o dóciles e inofensivos, caso este último que define a algunos de los perros rescatados en Güímar y Arona”.