Este proyecto, que cuenta con una aportación económica de 50.000 euros por parte de esta Fundación, se ha desarrollado en las islas de Tenerife, El Hierro y La Gomera, con una vigencia de un año, hasta el próximo 28 de febrero que se dará por finalizado.
Gracias a un convenio suscrito entre Cruz Roja y la Fundación CajaCanarias, en materia de prestación social, la Institución ha dado atención básica a 314 personas que se encuentra en situaciones de extrema vulnerabilidad, con escasos o nulos recursos económicos. Para ello, la Fundación, a través de su acción social, ha realizado una aportación económica de 50.000 euros.
El proyecto, puesto en marcha el 1 de marzo de 2017 y que tiene previsto su finalización el próximo 28 de febrero, se desarrolla en tres islas de la provincia tinerfeña. Concretamente, desde las Asambleas insulares de Cruz Roja en La Gomera y El Hierro se han aportado 5.000 y 8.000 euros respectivamente, que han posibilitado la entrega de 116 prestaciones básicas, como alimentos, el pago de suministro eléctrico, óptica, electrodomésticos, tratamiento bucodental y material escolar, que han alcanzado a un total de 116 personas.
Asimismo, los otros 37.000 euros se han asignado a las Asambleas de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, para reforzar, por un lado, las labores de la Unidad de Emergencia Social (UES), que opera en el área metropolitana, ofreciendo atención inmediata a 58 personas sin hogar mediante la entrega de alimentos y bebidas calientes, y ropa de abrigo. Por otro lado, con esta aportación se ha cubierto también las necesidades escolares de 140 niños y niñas, a través de distribución de material escolar y libros texto.
Cruz Roja agradece este tipo de iniciativas que siguen siendo muy necesarias para continuar dando respuesta la demanda social. Haciendo un balance del año pasado, Cruz Roja en Canarias ha atendido directa o indirectamente a 51.818 personas desde el área de Intervención en la provincia de S/C de Tenerife, a través de sus 32 proyectos y servicios, dirigidos a la atención a los colectivos más vulnerables, como personas mayores, inmigrantes, personas con discapacidad, afectados por VIH-Sida, infancia y jóvenes en dificultad social, población reclusa y mujeres en exclusión social. De este total, 6.774 han sido beneficiarias de medidas específicas en materia de emergencia social para la cobertura de sus necesidades básicas.
