Se está poniendo en peligro la supervivencia del tejido empresarial local del sector de la construcción en nuestra provincia, con una competencia desleal por parte de las administraciones públicas canarias, en un hecho sorprendente y cada vez más socorrido, a base de encomiendas a la empresa pública.

Especialmente es grave la situación en La Palma y Tenerife.

El Grupo Tragsa, de capital social íntegramente público, está integrado por las sociedades mercantiles Tragsa y Tragsatec. Forma parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y del Sector Público Institucional.

En el portal de trasparencia de la página web de esta empresa pública, podemos encontrar una relación completa de los contratos que se han realizado desde el año 2014 hasta el mes de marzo de 2021.

De un somero análisis de los contratos referidos, podemos detectar, al menos en Canarias, que se ha ido incrementando, de forma proporcional y progresiva desde el año 2017 el campo tradicional de su actividad, incluyendo ejecución de obras y realización de estudios que normalmente se vienen realizando por la empresa privada.

Realmente es llamativa este “aterrizaje” en el mercado de trabajo convencional por parte de una empresa pública (100%), lo que plantea una anómala situación de “competencia desleal”, a un tejido empresarial que ya de por sí, tiene serias dificultades para sobrevivir tras más de diez años de problemas económicos.

Esta situación en nada ayuda a desarrollar y consolidar un tejido productivo -especialmente el de dimensiones pequeñas y medianas- que aborde la situación en mejores condiciones de competitividad y productividad.

En Tenerife hay una gran preocupación, por el precedente que pueda crearse, por la insistencia del Cabildo de hacer una encomienda a TRAGSA para terminar las obras del Polígono de La Campana en el Municipio de El Rosario.

Esa posible solución traerá muchos problemas, recursos y otra vez, retraso de las obras, con el consiguiente perjuicio para las empresas instaladas en dicha localización.

Hay un rechazo general en las empresas de la construcción y también, por el alcalde y Ayuntamiento, que no entienden la exclusión de opciones más fiables para solucionar el problema existente, tales como el procedimiento de urgencia o el procedimiento negociado.

Lo que demuestra la tozudez del Cabildo en hacer una encomienda, que es lo fácil, demostrando que tiene una maquinaria burocrática que no funciona adecuadamente, ni es eficaz, poniendo en entredicho su capacidad gestora e impulsora de la economía insular.

En el caso concreto de La Palma, llama poderosamente la atención la contratación de obras de construcción, servicios de mantenimiento y gestión, o incluso la redacción y ejecución de la “tematización” de equipamientos públicos, trabajos que pueden y deben ser abordados por la empresa privada.

Y no se trata de asuntos “menores”, o que pueda justificarse por razones de “urgencia”, ya que estamos hablando de: Servicio de mantenimiento de túneles (casi 4.000.000 euros), Servicio de mantenimiento y/o tematización de centros turísticos como el Roque de Los Muchachos o el tubo volcánico de Todoque (casi 7.500.000 euros), finalización de la balsa de Vicario y otras infraestructuras hidráulicas en el norte insular (en conjunto, más de 11.000.000 euros), obras de edificios como albergues rurales, Parque Cultural Islas Canarias o Urbanización de Puerto Naos (que suman más de 1.000.000 euros), etc. Por no hablar de los estudios técnicos encargados directamente a la empresa del grupo TRAGSATEC.

Algo similar ocurre en el resto de las islas, donde a su vez, es llamativa la contratación de los servicios de mantenimiento, limpieza, u obras y actuaciones de adaptación de edificios sanitarios, necesarias para garantizar condiciones de salubridad o atención en Centros Sanitarios.

Posiblemente tuviera algún sentido este modo de contratación por razones de urgencia en el mes de mayo o junio del año pasado por la situación de COVID-19, pero desde luego, no tiene justificación  las sucesivas y cuantiosas contrataciones realizadas meses después, para varios centros por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

Un caso singular que viene a mostrar la evidente “ampliación” de actividades de esta empresa pública, son las obras realizadas en algunos centros educativos, por encargo de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, como sería el caso del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Ana Luis Benítez para la ejecución de unas cubiertas (unos 700.000 euros); o la ejecución de miradores en La Gomera, como el de El Santo (unos 600.000 euros), o el de Juan Rejón (del orden de 1.300.000 euros), el Jardín Botánico del Descubrimiento de América (unos 500.000 euros), o la ejecución de una cubierta y mejora tecnológica en Frontera (unos 2.600.000 euros).

Por otra parte, algunos de los contratos que figuran en el portal de trasparencia, figuran datos que como mínimo deben considerarse “erróneos”.

Por ejemplo, y tan solo refiriéndonos a La Palma, aparece la contratación de construcción y/o rehabilitación de albergues en varias poblaciones por importe de 3.507 euros, a realizar en 48 meses. O el acondicionamiento de accesos a Centro de interpretación de las cavidades volcánicas, por importe de 287 euros, a realizar en tres meses. O la Separata nº 4 de mejora de red de riego de Los Sauces, por importe de 227 euros, a realizar en 10 meses.