FEPECO ha remitido al presidente del Cabildo de Tenerife una carta, trasladándole la preocupación de los empresarios y contratistas del sector, que desarrollan su actividad en nuestra isla, en relación con la opción que se ha tomado, con relativa frecuencia, de encomendar a un medio propio de la Administración del Estado, del Grupo TRAGSA, la ejecución de unas obras, que perfectamente pueden ser ejecutadas por la iniciativa privada con la máxima solvencia.
De esa manera se sustrae de la competencia y de la licitación pública, que goza de los principios de publicidad y concurrencia, la ejecución de los contratos administrativos que son de plena competencia de la iniciativa privada. Además, ni siquiera se justifica en una supuesta urgencia, ya que la Ley de Contratos del Sector Público tiene previsto plazos y procedimientos específicos para ejecutar las obras de forma urgente. En segundo lugar, nos preocupa que esta práctica, ha vuelto a extenderse con el lógico malestar de las empresas locales del sector de la construcción, por la competencia desleal que les supone.
Como consecuencia de la problemática surgida con la obra del Polígono de la Campana, en el Municipio de El Rosario y ante la suspensión de la empresa madrileña para continuar la obra por las supuestas deficiencias detectadas, se le recuerda al presidente del Cabildo que ya mantuvimos una larga reunión con él, consejeras del Cabildo y empresarios afectados, el pasado 27 de enero de 2021, para analizar la situación creada y encontrar posibles soluciones. Entre las tres propuestas que nos presentó, una fue la de adjudicación de terminación de la obra a la empresa TRAGSA, a lo cual le respondimos, con total rotundidad, lealtad y sinceridad que, si se hacía de esa manera, no nos quedaba más remedio, en defensa de las empresas locales del sector de la construcción y de la libre concurrencia, que presentar recurso ante los Tribunales con la consiguiente paralización de las obras. Lo que reiteramos, ante las últimas noticias al respecto. Por lo que, si después se produce más retraso en la conclusión de éstas, debido a resolución judicial, el único responsable es la Institución Insular, a la cual se le ha advertido en tiempo y forma.
Como organización empresarial que defiende los intereses de las empresas del sector de la construcción, vamos a estar vigilantes para recurrir, cualquier encargo a medio propio, que vulnere la legalidad o se haga en perjuicio de las empresas contratistas locales.
