La ramificación en Tenerife de esta investigación se basó en un “hallazgo casual” del que no se informó a los jueces, entre otras irregularidades.

Uno de los investigados dentro de la ramificación del conocido como caso Fórum en Tenerife ha denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que las diligencias previas llevadas a cabo durante doce años podrían ser nulas de pleno derecho.

En concreto, se apunta que las imputaciones por presunto cohecho se basan en un “hallazgo casual” en mayo de 2006 de diversos documentos en la sede Fórum Madrid que puso en marcha la operación en la Isla por presunto cohecho, cuando en realidad se estaban investigando por estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas y blanqueo de dinero, según el auto habilitante y por ende el acta de entrada.

En el recurso se recoge que la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) dio valor de notitia criminis a un escrito firmado por el arquitecto, Julio Aumente en el que se habla de presuntos sobornos millonarios para impulsar la construcción de un puerto deportivo en San Andrés y una urbanización en Valle Tahodio, en Santa Cruz.

Durante los siete meses que transcurrieron desde que se llevó a cabo el registro hasta que la Fiscalía presentó la querella, “hubo tiempo de sobra para realizar una exhaustiva investigación” de los nuevos supuestos cargos.

Por el contrario, nunca se dio cuenta de lo ocurrido -en tiempo y forma- a los jueces que estaban al frente de las diligencias, primero Fernando Grande Marlaska y después Baltasar Garzón.

“Todo lo cual supuso que la Acusación Pública pudo montar su relato sin la supervisión judicial indispensable”.

Las imputaciones en Tenerife basadas en estos documentos encontrados de forma “casual” carecerían de cobertura jurídica alguna, al no haberse dictado ningún auto habilitante complementario. “De querer utilizar este material en un juicio oral, se estarán empleando pruebas ilegítimas”.

Ante el TSJC se relata que desde el momento en el que la policía y el secretario judicial no solicitaron durante la inspección y sobre la marcha la ampliación de la resolución judicial, “el hallazgo casual se está empleando como raíz patológica sin que pueda seguir surtiendo efecto procesal alguno”.

Por lo tanto, se trataría más bien de una prueba ilícitamente obtenida y otro ejemplo de que la conocida como Operación Lavandera, tiene un origen político. De manera que se presenta como casual lo que más bien parece ser fruto de la intencionalidad para investigar a determinadas personas.

En el recurso se recuerda que esta actuación va en contra del criterio del Tribunal Constitucional (TC) que niega a estos hallazgos el valor de fuente de prueba.

Por lo tanto, se podría estar conculcando el principio de que no es posible admitir evidencias obtenidas ilícitamente si no se cuenta con la indispensable resolución judicial.

Este grupo de documentos encontrados en las oficinas de Fórum ha sido utilizado “como fuente de prueba al haberse hecho por la Fiscalía valoraciones indiciarias tras el descubrimiento que no encajan en un proceso que cuente con todas las garantías”.

La autorización judicial otorgada en su día se basaba en la búsqueda de evidencias de un presunto delito de estafa, aunque realmente se trataba de una estafa piramidal, insolvencia punible y blanqueo de capitales.

Cuando se llevó a cabo la intervención policial, la Fiscalía no informa del hallazgo de documentos de los que “se podrían interferir de forma indiciaria la comisión de algunos hechos delictivos no recogidos en la querella inicial y cuya investigación debe acogerse de oficio al no haber sido conocidos circunstancialmente en el curso de esta causa por el Ministerio Fiscal”.

Por el contrario lo hace siete meses después con el resultado de una investigación exhaustiva especificando el delito de cohecho y los presuntos delincuentes.

Entre la documentación incautada ilícitamente se encuentran, precisamente, los proyectos para construir el puerto deportivo de San Andrés y de una urbanización en Valle Tahodio.