El consejero ha reintegrado ya los 17.074 euros que había percibido de más este mandato al simultanear su sueldo de dedicación exclusiva con la actividad de tasador.
La Dirección Insular de Recursos Humanos y Servicios Jurídicos del Cabildo de Tenerife ha confirmado al Grupo Insular de Podemos que el vicepresidente tercero del Cabildo y consejero insular José Antonio Valbuena (PSOE) ha devuelto ya los 17.074 euros que había cobrado de forma irregular de las arcas insulares desde junio de 2015 hasta julio de 2016, cuando la formación morada descubrió y comunicó a la Corporación insular que el consejero del área de Sostenibilidad, Medio Ambiente, Aguas y Seguridad estaba cobrando salario público por dedicación exclusiva a sus cargos y, bajo cuerda, ejerciendo actividad empresarial privada como tasador, esto último de espaldas al pleno y sin declararlo en el portal de transparencia ni en el registro de bienes e ingresos como marca la legalidad vigente.
Desde el departamento jurídico insular también han informado a Podemos que este consejero del Gobierno insular de CC-PSOE percibe sus retribuciones salariales en función de su cargo en régimen de dedicación parcial desde la nómina de agosto. Sin embargo, explica el consejero insular de Podemos Julio Concepción, aún no ha reintegrado al Cabildo el dinero público que cobró de más en concepto de salarios durante los cuatro años del anterior mandato “porque el Cabildo ni siquiera ha valorado a cuánto ascienden los cobros irregulares que tiene que devolver de esa etapa”. “Se ve que ciertas cosas de palacio van muy despacio”, apunta con extrañeza el consejero de Podemos seis meses después de haber comunicado a la corporación insular la irregularidad en la que incurría Valbuena.
“Es una buena noticia que este gobernante insular ya haya regularizado su situación y reintegrado a las arcas públicas de la sociedad tinerfeña la parte proporcional del salario que había cobrado de más por una dedicación exclusiva inexistente”, señala Concepción satisfecho “por la buena imagen que proyecta ante la opinión pública que, al menos por una vez, los cargos públicos respondan económicamente por sus trampas o, como dice Valbuena, por sus despistes”.
Pero lamenta que este atisbo de ejemplaridad forzado por la fiscalización de Podemos “quede empañado, por un lado, por la evidencia de que el Código de Buen Gobierno del Cabildo es una milonga que solo vale para quedar bien en titulares de prensa, pues no contempla ningún tipo de responsabilidad ni sanción para escándalos como éste, y, por otro, por la extremada demora en cuantificar a cuánto ascienden los cobros irregulares que quedan por reclamarle”. En relación a este retraso, recuerda que la Secretaría General y el área de Servicios Jurídicos del Cabildo informaron el pasado mes de julio que habían optado por tramitar dos expedientes en relación a este caso de incompatibilidad, el primero sobre lo cobrado irregularmente por Valbuena durante este mandato –que es el que ya se ha resuelto–, y el segundo sobre lo relativo a los salarios que percibió en la etapa política de 2011-2015, informe que quedó postergado hasta que pasara el verano, “y a este ritmo, hasta pasará la Navidad sin haber resuelto el asunto”.
Indica que en octubre pidió información verbal a los servicios jurídicos insulares sobre esa valoración y que, ante la falta de respuesta, formuló esa petición vía registro el 14 de noviembre. A finales de la semana pasada le respondieron, al fin, que para emitir ese informe “habida cuenta la necesidad de aclarar los términos del ejercicio de la actividad privada que fue desarrollada en dicho mandato ya finalizado, a los efectos de poder emitir el correspondiente informe le comunico que, tras los oportunos requerimientos de información, la última documentación interesada fue recibida el pasado 2 de noviembre”, y que el informe solicitado “está pendiente de su remisión y correspondiente contraste jurídico con la Secretaría General del Pleno de esta Corporación, con las funciones de Dirección de la Asesoría Jurídica, según resulta procedente”.
