La transparencia del proceso queda enturbiada con la pretensión de no hacer pública la puntuación obtenida por los opositores en las distintas fases, vulnerando el derecho del opositor a conocer la calificación obtenida en cada uno de los.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en el sector público, a través de su Servicio Jurídico, ha procedido  a presentar impugnación contra las bases que van a regir el procedimiento convocado por la Autoridad Portuaria de Tenerife, para cubrir 4 plazas para personal fijo y la confección de una bolsa de personal temporal para la plantilla de su policía portuaria.

Las controversias irreparables detectadas en las bases han motivado plantear el referido recurso por vía judicial. Sorprende que, para el personal que va a prestar este tipo de servicio no se le exija una determinada aptitud física, validada previa realización de este tipo de pruebas; más, cuando se debe de tener en cuenta, que como agentes dependientes de la Autoridad Portuaria, colaboran con los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado amparados en el marco legislativo vigente.

En lo referente a la fase de oposición, sorprende el temario propuesto, éste es una mera copia y pega del perfil de competencias fijado en el actual convenio. Significando una clara ambigüedad con el temario oficial con el que, en líneas generales, son examinados los opositores a estas plazas. Un temario en el que se ha excluido el tema referido a la Constitución Española, desvalorizando su carácter constitucionalista y fuente normativa. Pero, es más, la Autoridad Portuario pretende valorar este ejercicio con el 35% de la nota del proceso.  Una valoración ínfima cuando se opta, con este tipo de ejercicio, a graduar el conocimiento del opositor sobre las materias propuestas y que componen este temario.

Se incluye al proceso la realización de una entrevista valorada con una calificación equivalente al 15% de la nota del proceso. Y en este particular, cabe destacar que Puertos del Estado son las únicas administraciones públicas que puntúan este tipo de prueba que, como finalidad, no garantizan la imparcialidad ni la objetividad.

La transparencia del proceso queda enturbiada con la pretensión de no hacer pública la puntuación obtenida por los opositores en las distintas fases, observando en los listados nominativos si los mismos son “APTO” o “NO APTO”, vulnerando el derecho del opositor a conocer la calificación obtenida  en cada uno de los procesos.

Por último, contrario a lo previsto en el vigente III Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias y en diversas resoluciones de la Abogacía del Estado, otra sin razón, incluye al presidente del Comité de Emprensa como miembro del tribunal calificador.

Finalmente, el sindicato CSIF, con el rigor que le caracteriza, aboga por la transparencia de los procesos, que garanticen las condiciones constitucionales de igualdad, méritos y capacidad. Por cuanto, continuará denunciando judicial como públicamente, cualquier acción u omisión que altere los derechos de las empleadas y empleados del sector público como privados.