La Comisión de Bienestar Social de la formación política critica los incumplimientos de la Ley de Servicios Sociales que tendrá, entre sus consecuencias, la imposibilidad de que se contrate a personal que gestione la PCI.
Coalición Canaria-PNC en Tenerife muestra su preocupación ante los incumplimientos del Gobierno de Canarias de la Ley de Servicios Sociales. Comités locales y representantes de la organización en los Ayuntamientos de la Isla y del Cabildo de Tenerife mantuvieron recientemente una reunión dentro del calendario de trabajo de la Comisión de Bienestar Social que preside Rosario Pino, en la que se evidenció la incertidumbre que existe entre las administraciones locales y la insular, ante el temor de que no lleguen los fondos económicos recogidos en dicha normativa para financiar los servicios sociales o prestaciones como la PCI.
La Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, -aprobada por unanimidad en el Parlamento canario- recoge la consignación de 55 millones de euros anuales en los presupuestos de la comunidad autónoma para financiar la atención social que prestan Ayuntamientos y Cabildos, sin embargo dicha cantidad no se ha incluido en el documento económico para 2020, tal y como recordó la diputada en el Parlamento de Canarias, Cristina Valido (presente en la reunión). Entre otros incumplimientos que se han evidenciado está lo relativo al Catálogo de Prestaciones y Servicios “cuya aprobación ni siquiera tiene fecha, pese a haberse superado el plazo establecido en la mencionada ley y, es más, fue exigido por los partidos que ahora gobiernan, cuando estaban en la oposición” apuntó Valido.
Tal y como se manifestó en el encuentro, sin recursos, ni catálogo no puede haber ni incremento de personal en los servicios sociales, ni calidad en los mismos, cuyo coste está muy por encima de lo que el Gobierno de Canarias abona a Cabildos y Ayuntamientos. Una prueba de ello es la incapacidad y desbordamiento de muchos municipios para atender la Prestación Canaria de Inserción que en la nueva ley se amplía a todas las familias sin ingresos y con menores a cargo, sin que las transferencias para el personal que atiende hayan crecido en proporción a la demanda.
Por último, se cuestiona la capacidad del Gobierno canario de gestionar la renta ciudadana, si no son capaces de facilitar que las administraciones locales se doten de personal suficiente para tramitar la PCI.
