El proyecto de Unidades Móviles de Atención en Calle lleva desde 2017 interviniendo con un colectivo que no ha dejado de crecer en la isla en los últimos años.

La excepcional situación que estamos viviendo en nuestro país debido a la incidencia de la pandemia por la Covid-19, ha provocado que aumente la vulnerabilidad y exclusión social entre la población canaria, y especialmente entre los colectivos más vulnerables, como son las personas en situación de sin hogar.

Junto a Tenerife, la isla más afectada por esta problemática en la provincia es la de La Palma, como refrendan los datos de que dispone Cáritas Diocesana de Tenerife. Así, atendiendo a la necesidad de dar respuesta a este colectivo, y gracias a la implicación de las comunidades parroquiales de la isla, a finales de 2017 se pone en marcha el proyecto de Unidades Móviles de Atención en Calle (UMAC).

Desde entonces, dicho proyecto ha atendido a más de 400 personas, de las que cerca de un centenar son mujeres. Entre las acciones que realiza el equipo de la UMAC, destaca la vinculación propia de la relación de ayuda, prospección y acercamiento a las zonas donde pernocta el colectivo de personas en situación de sin hogar, así como un diagnóstico social, intervención socioeducativa, orientación sobre los recursos sociales disponibles en la zona, derivación y coordinación con los recursos especializados (UAD, Hospital, centros de salud, proyecto de empleo, etc.). Además, se les facilita la cobertura de necesidades básicas (kits de higiene y alimentación, agua potable, ropa, calzado, pago de gastos de farmacia, óptica, retornos, traslados, documentación, etc.) e información sobre el acceso a los derechos fundamentales.

Durante la crisis del COVID-19, dada la grave y especial situación de emergencia humanitaria y sanitaria, donde las personas en situación de sin hogar se vuelven más vulnerables, frágiles y excluidas socialmente que nunca, el proyecto de la UMAC se reforzó, con la colaboración de las administraciones locales e insular, con reparto de comida caliente y envasada y agua potable en los asentamientos o lugares de pernocta donde las personas intentaban estar confinadas.

Igualmente, se abrieron 11 plazas alojativas temporales de emergencia con cobertura 24 horas (alojamiento, manutención, duchas, lavandería, entrega de kits de higiene y medicación pautada, atención social y educativa). Para ello, se amplió temporalmente el equipo técnico de Cáritas Diocesana de Tenerife, que contó con el inestimable apoyo de un grupo de más de una veintena de personas voluntarias.

Una vez finalizado el confinamiento por el Estado de Alarma, y a excepción de los recursos alojativos temporales de emergencia, se han mantenido el resto de las acciones que ya se implementaban en la isla, con la reapertura de los dos servicios de día -uno en Santa Cruz de La Palma y otro en Los Llanos de Aridane-, de los que hacen un uso diario entre 30 y 40 personas a las que acompañan una decena de personas voluntarias.

Y es que, solo en lo que va de 2020, Cáritas Diocesana de Tenerife ha atendido a través del proyecto UMAC a un total de 130 personas, una cifra que presumiblemente seguirá creciendo, ya que la realidad del sinhogarismo en la isla es más amplia. En cuanto a las zonas con mayor densidad de casos, destacan Santa Cruz de La Palma y Los Llanos de Aridane. Mientras, respecto a los perfiles, destacan las personas con discapacidad, personas que solo perciben una prestación económica mínima, personas con patología dual o salud mental con dificultades para acceder a los recursos sanitarios, personas con problemática de drogodependencia o personas en situación administrativa irregular. En algunas ocasiones, se dan varias circunstancias a la vez.

La realidad del sinhogarismo es amplia y diversa, pero se caracteriza por la falta de una red de apoyo y una vivienda digna y adecuada de las personas que se encuentran en dicha situación.

Por eso, desde Cáritas Diocesana de Tenerife recordamos que la administración pública, en todos sus ámbitos, es la “garante de los derechos fundamentales de la ciudadanía, y en última instancia la que debe establecer políticas públicas que garanticen el acceso a la salud, a una buena administración y a la vivienda, entre otras”. Para ello, consideramos que “la creación o la apuesta por equipos técnicos y recursos especializados que minimicen daños y desde donde se puedan iniciar procesos de intervención que prevengan situaciones de cronificación, no debe ser una opción sino una obligación”.