En el texto de la moción aprobada, presentada por Sí Podemos Canarias, PSOE y Ciudadanos y apoyada por Coalición Canaria y Partido Popular, la institución manifiesta el compromiso de aprobar iniciativas para hacer frente a la emergencia habitacional derivada de la crisis social y económica actual.
El Cabildo de Tenerife ha aprobado este viernes por unanimidad una moción relativa al derecho a la vivienda y que tiene como objetivo varias medidas con el objetivo de abordar los problemas de carencias habitacionales que se han visto incrementadas tras la crisis social y económica derivada de la pandemia del covid, entre las que se incluye impulsar y coordinar la viabilidad de que las políticas de vivienda se desarrollen a través de un Consorcio Insular de Vivienda.
En el texto se incluye también impulsar desde el Cabildo Insular de Tenerife la elaboración de un modelo de ordenanza o reglamento municipal cuyo contenido desarrolle un protocolo de actuación, a fin de evitar cualquier tipo de desahucio a familias y menores sin alternativa habitacional. Además, se acuerda la convocatoria de inmediato del Consejo Insular de la Vivienda, al objeto de reactivar su actividad.
Del mismo modo, se insta desde la institución insular al Gobierno de Canarias a la creación de una Mesa de Emergencia Habitacional, vinculada a la emergencia sociosanitaria provocada por el Covid 19 y sus consecuencias en la isla de Tenerife, en la que esté presente, como administraciones con competencias en la materia, el Gobierno de Canarias, el propio Cabildo, y los ayuntamientos de la isla así como representaciones, entre otros de entidades finacieras o asociaciones de personas afectadas por desahucios.
Por último, se insta al Gobierno de Canarias que a través del Instituto Canario de la Vivienda ICAVI interceda con la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), para que ceda al Cabildo Insular de Tenerife, y en su defecto a los municipios de la Isla, la cesión de inmuebles destinados por el planeamiento al uso de vivienda, para la puesta en régimen de alquiler social. Asimismo, instar a la Federación Canaria de Municipios (FECAM) a que se dirija a la SAREB en el mismo sentido.
