La constitución de este órgano, previsto en la Ley del Suelo de Canarias, se abordará mañana [viernes 6] en el Pleno de la Corporación insular.
El Cabildo creará la Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife, un órgano previsto en la nueva Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias cuya constitución y regulación se abordará mañana [viernes 6] en el Pleno de la Corporación, según ha avanzado hoy [jueves 5] el presidente insular, Carlos Alonso.
Alonso, acompañado por el consejero insular de Política Territorial, Miguel Ángel Pérez, ha recordado que el Cabildo de Tenerife será la primera corporación insular que pondrá en marcha este organismo, incluso antes de que el Gobierno de Canarias desarrolle su propio reglamento.
Pérez ha destacado que se trata de una comisión técnica que arrancará con nueve funcionarios del Cabildo de reconocida competencia profesional y con formación especializada en la materia bajo la presidencia del ex secretario insular, José Antonio Duque. “Tiene un carácter estrictamente técnico y no político para evitar cualquier interferencia o conflicto de intereses”, ha asegurado el consejero.
Esta nueva entidad será la encargada de emitir la evaluación ambiental correspondiente de los expedientes de planes, programas y proyectos de competencia insular con el fin de garantizar la coherencia del territorio y la protección del paisaje de Tenerife.
El consejero de Política Territorial ha recordado que la ley permite que los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna puedan tener su propio órgano ambiental mientras que los 29 municipios restantes de la Isla podrán elegir entre este nuevo organismo del Cabildo y el de la Comunidad Autónoma.
“El Cabildo mantiene desde el año 2015 una estrecha política de colaboración con los ayuntamientos en materia de planeamiento, especialmente con aquellos que por sí solos no pueden desarrollar esta competencia por falta de personal o recursos”, ha indicado Pérez.
La evaluación ambiental constituye una herramienta muy eficaz para la protección del medio ambiente porque aporta criterios de sostenibilidad y alternativas en la toma de decisiones estratégicas en la evaluación de planes, programas o proyectos.
Esta evaluación garantiza la prevención de impactos ambientales concretos que se pudieran generar, al tiempo que se establecen mecanismos para lograr el análisis de la huella del cambio climático, medidas de minimización de impactos o compensación de los mismos.
