Intersindical Canaria explica que los centros de Atención Primaria de Tenerife siguen sin contar con mamparas protectoras en muchas áreas.
Además, las tareas de limpieza en las zonas comunes de los centros tampoco se han intensificado, con el riesgo que ello supone para el conjunto de la ciudadanía.
Intersindical Canaria ha denunciado que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias no ha dotado a la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife de una partida presupuestaria específica para implantar las medidas protectoras necesarias en los centros de salud para combatir y evitar posibles contagios por COVID-19.
“En la mayoría de los centros de salud el personal de administración no cuenta con mamparas protectoras, un recurso que tampoco está disponible en otras áreas de las instalaciones sanitarias en las que también es necesario”, apunta la delegada de Prevención del Área de Salud de Tenerife de la Federación de Salud de Intersindical Canaria, Patricia Hernández, quien explica que “es inaudito que en casi cualquier comercio se cuente con estas mamparas mientras que los trabajadores del SCS siguen sin esta protección esencial”.
La organización sindical añade que la Isla solo cuenta con equipos de protección individuales (EPI) para las próximas tres semanas, tal y como les ha confirmado las gerencias insulares de Atención Primaria y Especializada. “Los trabajadores del Servicio Canario de la Salud (SCS) continúan desprotegidos por parte de la administración pública, a pesar de que el Gobierno canario promulgue su capacidad de reacción ante los rebrotes”, ha señalado Hernández.
Limpieza insuficiente
Por otra parte, Intersindical Canaria ha explicado que las tareas de limpieza de las zonas comunes de los centros de Atención Primaria tinerfeña no se han intensificado durante la crisis por COVID-19.
“A pesar de que los centros de salud están soportando el peso asistencial de la nueva normalidad, el servicio de limpieza en ellos no se ha visto incrementado, con el consiguiente riesgo que ello supone no solo para los trabajadores, sino también para el conjunto de la población que ocupa las salas de espera o hace uso de los servicios”, ha puntualizado Patricia Hernández.
