La política educativa del Gobierno de Canarias, representada en la Consejera de Educación Soledad Monzón,  de privatizar los comedores escolares sigue adelante; entregando a la empresa privada una gestión que se debería realizar desde el Gobierno de Canarias al ser los comedores parte de la escuela pública.

El servicio que se ofrecerá se encarecerá al pasar de una gestión pública orientada al servicio hacia las niñas y niños de los colegios públicos, a una gestión privada orientada principalmente a una obtención del beneficio, no a prestar el servicio en sí. Aspecto este que se reflejará en los sucesivos aumentos de partidas económicas para sostener este nuevo sistema privatizado.

También implica un sobrecoste para las familias (de los 54 euros de cuota máxima actual a los 70 euros tras la externalización del servicio como ha sucedido en aquellos centros donde ya se ha privatizado el servicio) y, al recortar el tiempo de permanencia en el comedor, un desajuste en la vida de la familia al no poder conciliar la vida laboral y familiar.

La atención  y cuidado de estas niñas y niños la realizaría el personal de una empresa privada, debiéndose a esta, con unos sueldos más bajos, contratados en precario y seleccionados en función de criterios ajenos al servicio. Mientras, las empleadas y empleados públicos, son seleccionados en base a un proceso abierto, reciben cursos relacionados con su labor, cuidan de los menores hasta que empiezan las actividades extraescolares ofrecidas por el centro, etc.

Otro aspecto a tener en cuenta es que mientras el dinero empleado desde el Gobierno de Canarias en mantener un servicio público de comedor revierte en las islas -el sueldo de los trabajadores públicos se “gasta” en Canarias- no es así con un servicio privatizado con unas empresas de catering que llegan desde fuera a pagar sueldos más bajos, gastar menos en la comida –bajando la calidad y la cantidad- para maximizar unos beneficios que terminarán saliendo de las islas empobreciendo, aún más, nuestra economía.

Ante todo esto,  Ampas Coordinadas de Tenerife –ACTF- quiere mostrar su total desacuerdo con la política educativa que está siguiendo el Gobierno de Canarias y muestra su apoyo a la huelga  convocada en el sector para el día 15 de junio.

Consideramos que este servicio es esencial dentro de los colegios como parte de una educación integral y de servicio público hacia las niñas y niños que lo disfrutan.