Un vecino de 91 años de edad en Arona ha denunciado públicamente y voluntariamente en este medio la reducción del servicio de ayuda a domicilio que recibía para su esposa de 87 años, quien se encuentra en cama tras sufrir una caída con rotura de cadera.

Según el denunciante, el Ayuntamiento de Arona les había concedido una asistente a domicilio que los visitaba todos los días, pero después de varios meses con la recuperación de su esposa, “que aún se encuentra mal”, les han reducido dicho servicio a una sola visita semanal.

El vecino afirma que lleva varios meses informando de su situación a servicios sociales de Arona, sin obtener ninguna solución hasta el día de hoy. Su esposa, la más afectada en este caso, explica a este periódico: “Solo pido que me ayuden hasta que me encuentre mejor, esa es mi queja por la situación en que me encuentro. Mi esposo y un vecino nos ayuda cuando puede, pero lo que solicito es por no poder hacerlo yo sola, espero que entiendan mi situación”.

Por su parte, el área de Dependencia de la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arona ha explicado a El Digital Sur que ellos realizan una valoración y posterior informe de cada caso particular, basándose en los criterios previstos reglamentariamente para la concesión del servicio de ayuda a domicilio.

Según el ayuntamiento, tras la valoración e informe se empieza a prestar el servicio de ayuda a domicilio hasta que, transcurrido un tiempo, se comprueba si los criterios en base a los cuales se concede el servicio – movilidad, nivel de renta, ayuda familiar, beneficiarios o no de una pensión del Estado, etc. – siguen vigentes o no. En caso negativo, “se procede a la suspensión de dicho servicio”.

Dicho esto, la concejalía considera que los informes han proporcionado datos (basados en todo lo antes mencionado) que indican que la persona afectada puede valerse por sí misma. Se aclara que “si realmente necesitara ayuda, por supuesto, se le atendería según lo requerido”.

La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arona ha añadido que da “prioridad a casos donde el grado de dependencia es mayor”, como enfermos terminales, personas encamadas con nula movilidad, personas con Alzheimer en estado avanzado, personas sin apoyo familiar y personas con escasos recursos económicos.