Los agentes de la Policía Local de Santa Cruz, asignados al servicio de Protección del Entorno Urbano (PROTEU), han gestionado un informe de abandono bajo la Ley de Bienestar Animal (Ley 7/2023 de 28 de marzo). Este informe está relacionado con un perro llamado “Iron”, que fue avistado en el estacionamiento de la playa de Las Teresitas por un agente de la Policía Nacional que estaba fuera de servicio.
La propietaria legal del perro, una mujer de 28 años, se negó en repetidas ocasiones a regularizar la situación del perro, que ha estado en el refugio regional de Valle Colino durante más de 5 meses.
“Iron”, es un pitbull blanco, fue rescatado por el personal del refugio en noviembre pasado. Se encontraba escondido en un talud de una colina empinada cerca de la playa de Las Teresitas. El agente de la Policía Nacional colaboró activamente en esta operación. Debido a la dificultad del terreno y al estado de ansiedad del perro, se procedió a sedarlo parcialmente para poder realizar el rescate de manera segura.
Posteriormente, fue llevado al refugio donde se comprobó su chip, lo que permitió identificar a su dueña, A.L.F.L. Además, no se había reportado como perdido ni se había denunciado su desaparición a ninguna autoridad competente.
El personal del refugio se puso en contacto con la dueña, quien afirmó que no sabía que el animal se había perdido y que iría a recogerlo. Sin embargo, esto no sucedió porque la mujer no tenía la licencia necesaria para tener un perro potencialmente peligroso. Ante esta situación, el personal del refugio Valle Colino intentó en repetidas ocasiones localizar a A.L.F.L., sin éxito, para que regularizara la documentación y obtuviera la licencia necesaria.
Al ignorar estas comunicaciones, se decidió contactar con ella a través de la Policía Nacional para informarle de las posibles consecuencias si no resolvía esta situación.
Actualmente, la situación de este perro sigue sin resolverse. Por lo tanto, los agentes del PROTEU de la Policía Local han gestionado el acta correspondiente en base a la nueva Ley de Bienestar Animal. Como resultado, la dueña podría enfrentarse a una multa de entre 10.000 y 50.000 euros. Otra consecuencia no deseada de estas circunstancias es que el perro permanece en la zona de estancias cortas del refugio y hasta que no se resuelva este expediente, “Iron” no podrá ser adoptado por otra familia.
