Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han intervenido más de cinco toneladas de productos falsificados de marcas exclusivas a una red de distribución que operaba en Canarias concretamente en las islas de Tenerife y Fuerteventura.
Se trata de la mayor intervención de mercancía falsificada de marcas comerciales internacionales contabilizada hasta la fecha en Europa, realizada en el marco de una operación que se ha saldado con 17 detenciones, el registro de 14 bazares, cuatro almacenes y tres domicilios, y la incautación de 70.000 euros en efectivo y tres vehículos. Los artículos intervenidos según la estimación de los peritos especializados, podrían tener un valor de más de 300 millones de euros.
Las investigaciones se iniciaron tras tener conocimiento de la existencia de vario comercios de la isla de Tenerife, presuntamente dedicados a la venta de efectos falsificados, que contaban con un distribuidor común, radicado en la provincia de las Palmas de Gran Canaria, concretamente en Fuerteventura, el cual conformaba la cúpula de una estructura criminal dedicada a la venta y distribución de material falsificado.
Por tales hechos, durante la investigación realizada de forma conjunta, también se hizo partícipe de lo actuado a la Unidad Central Nacional EUROPOL.
La operación policial denominada DJANGO, culminó con la desarticulación de una organización criminal especializada en la distribución y comercialización a gran escala de productos falsificados de marcas exclusivas que operaba en las islas de Tenerife y Fuerteventura.
La organización adquiría el material falsificado principalmente en el polígono de Cobo Calleja en Madrid, y comercializaba sus productos especialmente en zonas turísticas aprovechando la presencia de una población numerosa y con periodos cortos de residencia en el país.
El inicio de la investigación
La operación se inició en septiembre de 2021 por La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife. Dicha unidad, tuvo conocimiento de la existencia de un punto de venta al por mayor de productos de marroquinería falsificados en el sur de Tenerife.
Las labores de vigilancia y seguimiento llevaron a localizar al responsable de este local, observando cómo vendía estos productos a diversos individuos, tanto para la venta ambulante en la calle, como para su comercialización en bazares. Tras ello, se realizaron gestiones con las empresas de paquetería determinando que los envíos procedían de Fuerteventura, estando implicados varios ciudadanos de origen chino que conformarían la cúpula de la organización.
Tras ello se sumó a la operación el Servicio de Vigilancia Aduanera, determinándose que existían numerosos productos en la Aduana a nombre del responsable del distribuidor de Fuerteventura, procediéndose a un minucioso seguimiento de su actividad. Desde Fuerteventura, el líder de la red enviaba productos a otros puntos de la propia isla y a Tenerife, donde su contacto los distribuía y comercializaba en la isla a través de sus negocios.
La investigación, se judicializó en el Juzgado de Instrucción número 4 de Arona, en Santa Cruz de Tenerife que instruye diligencias previas a tales efectos.
Modus operandi
Los investigadores han determinado la existencia de un entramado criminal que actuaba como una organización perfectamente estructurada, en la cual se distinguen tres niveles:
- La cabeza de la organización, dedicada a la recepción de material falsificado y a su distribución en el archipiélago.
- Un segundo escalón, con funciones de suministro y distribución
- Un tercer nivel que adquiría material falsificado a la cabeza de la organización -y en algún caso al segundo nivel- para comercializarlo directamente en sus negocios.
La cúpula de la organización adquiría el material falsificado principalmente en el polígono de Cobo Calleja, situado en Fuenlabrada (Madrid), y de manera secundaria directamente a China.
La mercancía, se enviaba a esta cúpula por vía marítima y una vez llegaba a Canarias se le entregaba través de empresas privadas de paquetería, principalmente en su almacén de Fuerteventura y en ocasiones hasta en su propio domicilio.
Una vez acumulada la mercancía en el almacén, se procedía a su distribución a los distintos establecimientos del archipiélago, así como a otros comercializadores vinculados con la cúpula, que además de vender directamente al consumidor, también distribuían a otros comercios.
Dispositivo simultáneo de grandes dimensiones
Ante la magnitud de la operación, a mediados de junio, se hizo necesario establecer un dispositivo de grandes dimensiones, coordinado por la Brigada Provincial de Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife y por la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de la misma provincia.
En dicho dispositivo, desarrollado en las islas de Fuerteventura y Tenerife, se contó con la presencia de cerca de cien funcionarios de Policía Nacional de distintas unidades del ámbito de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Canarias, así como Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y el apoyo de la unidad de guías caninos de la Policía Local de la capital tinerfeña.
En total, se practicaron entradas y registros simultáneos en tres domicilios, cuatro almacenes y 14 bazares o establecimientos de ambas islas, donde se intervinieron más de 70.000 euros en efectivo y tres vehículos, precintándose más de cinco toneladas de productos falsificados de marcas de reconocido prestigio, entre los que se encontraban bolsos, marroquinería variada, prendas de vestir, gafas de sol, relojes y diversos complementos de moda.
Según los criterios de estimación, de los peritos especializados, el material incautado se valora actualmente en más de 300 millones de euros.
Fruto de estas actuaciones, se llevó a cabo la detención de 17 personas por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, contra la propiedad industrial y blanqueo de capitales. Desmantelada la organización, se continúan las investigaciones relativas al blanqueo de capitales.
Hasta ahora se han intervenido más de 250.000 objetos peritados en más de 222 millones de euros, a falta del análisis del material contenido en dos almacenes cuya entrada y registro está pendiente y ya autorizada por el juez.
