Agentes del equipo de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil han llevado a cabo labores de investigación en Tenerife enfocadas en el control del tráfico ilegal de especies amenazadas y protegidas.
Han realizado inspecciones y fiscalizaciones de especímenes animales y vegetales sujetos a algún tipo de protección especial o restricciones para su ingreso al territorio nacional.
Durante la inspección de una residencia en el municipio de Candelaria, los agentes descubrieron más de 30 aves y nueve reptiles.
En busca de apoyo y colaboración para identificar los animales afectados por alguna medida de protección o incluidos en el Reglamento sobre la protección de la fauna y flora silvestre, solicitaron la ayuda de la Fundación Neotrópico.
Como consecuencia de esta inspección, se está investigando a un residente del municipio de Candelaria, acusado de delitos relacionados con la flora y la fauna.
Se le señala por la compra o tenencia de especies silvestres protegidas sin la documentación correspondiente, lo que ha resultado en cinco denuncias administrativas.
Una de estas denuncias se ampara en la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, dos en la Ley 8/1991, de protección de los animales, y las otras dos en la Ley 8/2003 de Sanidad Animal.
En la intervención se confiscaron un total de siete reptiles, entre ellos dos tortugas de espolones africanas, cuatro tortugas rusas y una tortuga leopardo. Todo ello debido a la falta de documentación que respaldara su tenencia legal, al igual que otras dos cotorras de Kramer por carecer de autorización para su posesión.
Las multas pueden variar en materia de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, desde los 100 euros en los casos leves hasta los 2.000.000 de euros en los casos más graves, sin perjuicio de que las comunidades autónomas puedan aumentar el importe máximo.
En las infracciones relacionadas con la protección de los animales, las multas oscilan entre los 30 y los 15.000 euros.
En cuanto a la sanidad animal, las multas van desde los 600 euros hasta 1.200.000 de euros en los casos muy graves.
