La Guardia Civil, a través de su Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), está llevando a cabo una investigación sobre un individuo residente en el municipio de Güímar, acusado de adquirir y poseer especies protegidas sin la documentación requerida. Este individuo enfrenta cargos por un delito contra la flora y la fauna, así como diversas infracciones relacionadas.

Los hechos salieron a la luz durante un operativo conjunto llevado a cabo por los agentes del SEPRONA y la Unidad Cinológica de El Pardo, quienes se encontraban en la zona para rastrear cebos envenenados, productos fitosanitarios ilegales y las causas del fallecimiento de aves en tendidos eléctricos.

Durante su labor, los agentes descubrieron un almacén en Güímar que albergaba jaulas de tamaño mediano y emitía sonidos que sugerían la presencia de animales protegidos, como loros de la especie Psittacoidea.

Después de realizar las diligencias correspondientes, los agentes localizaron, identificaron y entrevistaron al propietario de los ejemplares. Durante la inspección del lugar, se descubrieron diferentes especies de animales incluidas en el Apéndice B del Reglamento (UE) 2021/2280 de la Comisión, que modifica el Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo en relación a la protección de la fauna y la flora silvestres. Estos animales carecían de cualquier tipo de documentación y elementos esenciales de identificación.

Entre los animales intervenidos se encuentran dos guacamayos azul y amarillo (Ara arauna) y una cacatúa de las Islas Salomón (Cacatúa ducorpsii). Además, los agentes descubrieron otro núcleo zoológico en la misma localidad que albergaba una grulla coronada (Balearica regularun), también incluida en el Apéndice B.

Asimismo, se encontraron cinco ejemplares de galápagos americanos sin documentación (cuatro trachemys scripta elegans y uno trachemys sripta scripta), clasificados como especies exóticas invasoras, lo que requiere una autorización y documentación para su posesión.

Ante esta situación, los agentes solicitaron la colaboración de la Fundación Neotrópico, que confirmó sin lugar a dudas que los animales en cuestión estaban protegidos o incluidos en listas que requerían autorización previa. Dada la falta de documentación y el estado de los animales, estos fueron intervenidos y puestos a disposición de la fundación.

Además de la investigación por el delito contra la flora y la fauna, los agentes del SEPRONA también encontraron diversas infracciones relacionadas con la Ley de Biodiversidad y Medio Natural, la legislación de animales de compañía, la legislación de núcleos zoológicos y el Código Penal.

El artículo 334 del Código Penal vigente establece que cualquier persona que, contraviniendo las leyes o disposiciones de carácter general, cace, pesque, adquiera, posea o destruya especies protegidas de fauna silvestre, será castigada con una pena de prisión de seis meses a dos años, multa de ocho a veinticuatro meses y una inhabilitación especial para cazar o pescar durante un período de dos a cuatro años.

La Guardia Civil continuará con la investigación para determinar todas las responsabilidades pertinentes y garantizar la protección y conservación de la flora y fauna silvestres.