La Policía Nacional ha investigado al único administrador de la empresa ficticia, el mismo ya se está en prisión pero por otra causa diferente, y una intermediaria de administrador, quien fue detenida por la Policía Nacional en Adeje.
El fraude suma la cantidad de los 21.000€ a la Seguridad Social, de momento han sido ocho personas beneficiadas e identificadas por este delito de fraude.
Agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Policía Nacional de Sur de Tenerife han investigado a dos personas por supuestos hechos delictivos basados en el fraude a la Seguridad Social.
Los investigados han sido un hombre de 45 años de edad y una mujer de 46 años de edad, por la presunta autoría de los delitos de falsedad documental y contra la seguridad social.
Los dos investigados, el cual el hombre es el administrador único y la mujer intermediaria, al parecer actuaban a través de una empresa sin actividad real, dicha empresa estaba dedicada a facilitar contratos laborales a terceras personas con el fin en que éstos obtuvieran beneficios administrativos, bien fueran prestaciones sociales o en materia de extranjería.
La investigación policial comienza a partir de los convenios de cooperación interministeriales del Gobierno de España, plasmados en este caso por la asistencia y colaboración entre el Servicio Estatal de Empleo, la Inspección Provincial de Trabajo de Santa Cruz de Tenerife y la Policía Nacional.
En base a esta colaboración entre las diferentes autoridades se destapó una empresa ficticia, sin actividad, radicada en la zona sur de la isla de Tenerife, concretamente con operaciones en Adeje y Arona.
Facilitando contratos a terceros, al parecer, según fuentes policiales por unos doscientos cincuenta euros (250€), para ejecutar el fraude documentario y que estos se vieran beneficiados administrativamente en materia de prestaciones sociales y régimen de extranjería.
De momento los agentes policiales han identificado a ocho ciudadanos que, han sido beneficiados administrativamente por medio de este tipo de contratos fraudulentos.
El daño económico ocasionado por el pago de prestaciones sociales indebidas supera los 21.000 euros, lo que es un gran perjuicio para la Seguridad Social.
Aunque la investigación continúa y la Policía Nacional no descarta que se practiquen otros sucesos en Tenerife de este tipo en el futuro.
