Agentes de la Policía Nacional han detenido este pasado 14 de julio en el sur de la isla de Tenerife a una prófuga de la justicia reclamada por las autoridades del Reino Unido. La mujer estaba siendo buscada por cometer un delito de estafa contra una persona de avanzada edad, a la que sustrajo más de 300.000 libras esterlinas. Tras su captura, la autoridad judicial competente ha decretado su inmediato ingreso en prisión.
Los hechos delictivos se desarrollaron entre los años 2019 y 2023. De acuerdo con los datos de la investigación, la acusada logró entablar una relación de confianza con la víctima, a la que consiguió aislar progresivamente de su entorno familiar. Aprovechando esta situación de vulnerabilidad, comenzó a efectuar reiteradas retiradas de dinero en efectivo de las cuentas bancarias de la anciana para su propio beneficio económico, alcanzando una cifra que ronda las 300.000 libras.
Inicialmente, las autoridades británicas formularon una acusación contra la detenida por un delito de fraude por abuso de confianza, abarcando los actos cometidos hasta el año 2022, fecha en la que se produjo el fallecimiento de la víctima. Sin embargo, la actividad delictiva no cesó tras la muerte de la anciana. La acusada continuó sacando dinero en efectivo de las cuentas de la fallecida, motivo por el cual fue condenada con posterioridad por un delito de hurto vinculado a estas últimas extracciones.
Ante este escenario judicial, la investigada decidió no comparecer en el juicio y huyó del Reino Unido. Con esta fuga, incumplió de manera directa las condiciones impuestas por las autoridades judiciales de su país, las cuales le prohibían expresamente abandonar el territorio nacional. El caso generó un profundo rechazo y un gran revuelo entre la población británica, trascendiendo incluso a España, debido a la extrema vulnerabilidad de la víctima y al método de manipulación empleado por la estafadora.
Finalmente, tras ser localizada en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la Policía Nacional recibió el 14 de julio la correspondiente Orden Internacional de Detención (OID) emitida por el Reino Unido. Solo unas horas después de la recepción de dicho requerimiento, los agentes procedieron a su arresto en la localidad de Los Cristianos, perteneciente al municipio de Arona. En este núcleo turístico, la fugitiva era propietaria de un chalet adosado y desarrollaba su vida cotidiana con total normalidad, pasando desapercibida hasta el momento de su intervención policial y posterior envío a prisión.
