El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha dado luz verde al inicio del expediente para la construcción y gestión de dos aparcamientos subterráneos que ofrecerán un total aproximado de 650 plazas, como paso previo a su posterior licitación pública.
El expediente fue aprobado con los 11 votos a favor del equipo de Gobierno (PP, ACP y CC) y la abstención de los 10 concejales del PSOE. No obstante, la urgencia de la propuesta en el orden del día del Pleno únicamente contó con los votos afirmativos del Gobierno y el rechazo de la oposición.
Esta iniciativa, que se llevará a cabo mediante una concesión administrativa de obra, responde a la necesidad de mejorar la movilidad urbana, impulsar el comercio local y avanzar en la peatonalización de zonas clave del municipio, alineándose con sus objetivos de sostenibilidad y revitalización.
Los dos aparcamientos estarán situados en puntos estratégicos: la Plaza de la Constitución, situada en el corazón del casco histórico, y la zona de Punta Brava, próxima a Playa Jardín y Loro Parque. Estas áreas, que enfrentan un notable déficit de plazas debido a la alta demanda tanto de residentes como de visitantes, se beneficiarán de esta solución que combina modernización y funcionalidad.
El modelo de concesión administrativa permitirá al Ayuntamiento llevar adelante estas infraestructuras sin necesidad de financiación pública directa. Empresas privadas asumirán la construcción, financiación y gestión de los aparcamientos, a cambio del derecho a su explotación.
Además, el proyecto contempla la urbanización en superficie de ambas zonas, con la creación de nuevas plazas públicas, espacios verdes, áreas deportivas y, en el caso de Punta Brava, la construcción de un nuevo edificio dotacional sobre el solar del Hogar Santa Rita.

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz impulsa un nuevo paso en el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, cuyo objetivo es reemplazar progresivamente los aparcamientos en superficie por opciones subterráneas. Esta medida busca liberar espacios para el disfrute ciudadano y mejorar la calidad urbana.
El expediente relacionado con esta actuación será sometido a información pública durante un mes, siguiendo la normativa vigente y garantizando así la máxima transparencia y la participación ciudadana en el proceso.