El Grupo Parlamentario VOX ha presentado una enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas (11L/PL-0010), solicitando su devolución al Gobierno por considerar que supone un “asalto a las instituciones y, sobre todo, a Canarias y a los canarios”.

Según expuso la diputada portavoz de la Comisión de Turismo y Empleo, Paula Jover, esta norma constituye una sobreregulación fundamentada en un dato erróneo: que los problemas de gentrificación y turistificación en municipios residenciales son culpa de la vivienda vacacional, cuando el 90% de las viviendas vacacionales se encuentran en ámbitos turísticos.

“Lamentablemente” —analizó Jover— “solo VOX ha defendido a los propietarios de ejercer una actividad empresarial libre y regulada y a los afectados por la Ley 2/2013 de Renovación y Modernización Turística de Canarias que se han introducido «con calzador» en la norma sin que se resuelva la problemática de los procedimientos sancionadores que les amenazan por no poner sus viviendas en uso turístico cuando en Canarias el Gobierno ha declarado la emergencia habitacional y no hay alternativas residenciales”.

Asimismo, la diputada expresó que “la crisis habitacional en Canarias no es un fenómeno puntual, sino el resultado de la incapacidad de los sucesivos Gobiernos para implementar políticas efectivas que aumenten la oferta de vivienda”.

En ese sentido, recordó que “la vivienda es un derecho que según la Constitución tiene que ser promovido por los poderes públicos sin que se pueda pretender que sean los ciudadanos quienes soporten dicha responsabilidad, como pretende el proyecto de ley”.

El Proyecto de Ley en cuestión, —según defendió VOX— parte de un “diagnóstico erróneo” al responsabilizar al alquiler vacacional del encarecimiento de la vivienda. En su argumentación, sostienen que la crisis de acceso a la vivienda en Canarias se debe a un “desajuste estructural” entre la oferta y la demanda, exacerbado por factores como la ocupación ilegal y la inmigración ilegal.

De este modo, Jover inició su intervención exhortando directamente a la consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León, quien justificó la norma bajo el argumento de una nota de prensa del Tribunal Constitucional sobre una reciente sentencia que tumba un recurso inconstitucional presentado precisamente por el Partido Popular, formación política a la que pertenece la consejera que promueve la LOSUTV. Además, recalcó que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que cuenta con dos votos particulares, avala una norma que aplica a una minoría de los municipios de Cataluña, mientras que lo que se debatió este viernes (14) en el pleno afectaría al 100% de los municipios del Archipiélago.

“Este Proyecto de Ley no solo ignora las verdaderas causas de la crisis de vivienda, sino que penaliza a los propietarios legítimos, restringiendo su derecho a gestionar sus bienes y agravando aún más la situación”, afirmó Jover.

“En lugar de tomar medidas que fomenten la construcción de nuevas viviendas, la rehabilitación de las existentes y garantizar la seguridad jurídica de los propietarios, el Gobierno opta por castigar a los propietarios y favorecer a grandes operadores turísticos”.

Impacto en los pequeños propietarios

Desde VOX alertaron de que la medida propuesta afectaría “desproporcionadamente” a los pequeños propietarios, quienes representan el 89% de los tenedores de vivienda turística en Canarias.

“Estamos hablando de ciudadanos que, con esfuerzo, han adquirido sus viviendas y ahora ven cómo el Gobierno intenta despojarlos de su derecho a rentabilizar su patrimonio”, denunció la diputada.

En este sentido, la enmienda presentada por VOX, según lo explican, busca devolver el Proyecto de Ley al Gobierno para que reevalúe su propuesta, busque un verdadero consenso y normalice y reconozca la vivienda vacacional como elemento necesario en el desarrollo turístico del Archipiélago en lugar de “demonizarla” y “estigmatizarla”.

Por ello, el Grupo Parlamentario VOX exigió al Gobierno de Canarias un plan de acción que aborde “las causas reales de la crisis de vivienda, sin atacar a los propietarios ni perjudicar la principal actividad económica del Archipiélago”.

La enmienda a la totalidad presentada por los patriotas fue defendida como un paso hacia la defensa de los derechos de los canarios, la búsqueda de soluciones efectivas a la crisis de vivienda y el desarrollo de una industria turística moderna.