Vanesa Martín, portavoz de Sí se puede en Canarias, ha trasladado la posición de su organización respecto a la situación de inclusión de menores con necesidades especiales en las aulas del Archipiélago, que consideran inferior a la media estatal.
Desde la formación explican que, la falta de apoyo al alumnado, la ausencia de recursos necesarios y el escaso acompañamiento a las familias facilita que, frente al 85,2% del alumnado escolarizado en centros ordinarios a nivel del Estado, en Canarias esa cifra se sitúe en un 73%, por debajo de la media.
Martín advierte que el aumento de menores que requieren acompañamiento, ya sea por discapacidad o por necesidades especiales, representa “un enorme reto que supone un factor que implica la urgencia de adecuar los recursos y el apoyo a las familias, para no generar elementos de discriminación y mayor riesgo para los menores en su plena inclusión”.
Añade que “la Consejería debe priorizar los derechos de la infancia y tomar medidas que, por ejemplo, supervise la segregación de menores con discapacidad que son excluidos de centros concertados, además de la ampliación de las aulas, las herramientas técnicas y los equipos humanos de apoyo, para garantizar el derecho a una escolarización adaptada y adecuada, en su entorno más cercano”.
También expresa su respaldo a las demandas de los colectivos que reclaman más auxiliares, pedagogos y personal docente especializado, quienes, según dice, “no están encontrando un respaldo efectivo de la Consejería en sus demandas”. En este sentido, adelanta que propondrá un trabajo conjunto en las instituciones donde Sí se puede tiene representación, para trasladar esta problemática y exigir “acciones concretas al Gobierno de Canarias para acabar con esta peligrosa brecha en el bienestar de miles de menores”.
Asimismo, critica la falta de respuesta institucional ante las advertencias de la Plataforma Canaria de Educación Inclusiva sobre uno de los últimos decretos de la Consejería, que –según afirma– va en la dirección de excluir al alumnado con necesidades especiales de las aulas. “Que el Gobierno de CC-PP no escuche a las familias y siga facilitando la exclusión de miles de menores de los centros ordinarios tiene efectos graves en su bienestar y su inclusión, lo que vulnera todas las medidas incluidas en la normativa vigente”, sentencia.
