El próximo lunes, el Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife presentará una moción en el pleno, solicitando que la corporación insular exprese su rechazo y exija la retirada del proyecto de decreto del Gobierno de Canarias.

Este decreto tiene como objetivo regular la aplicación de la Ley de Dependencia en las Islas, pero –según el PSOE– ha encontrado resistencia tanto de las organizaciones involucradas en su implementación como de los trabajadores de la Consejería.

El proyecto de decreto, que busca poner fin a los largos retrasos en la dependencia en Canarias, ha sido criticado por establecer “obstáculos” significativos que podrían generar indefensión e inseguridad jurídica.

Marián Franquet, consejera socialista, defenderá la moción que insta al grupo de gobierno a apoyar la retirada del decreto. Franquet ha señalado que la modificación del decreto por parte del Gobierno de Canarias no ha sido consensuada ni pactada con los colegios profesionales.

La consejera también recordó que fueron los socialistas quienes implementaron la Ley de Dependencia. A criterio de Franquet, a pesar de los “avances” realizados bajo el gobierno del PSOE, Canarias ha experimentado un “retroceso”, con datos alarmantes que reflejan la situación.

Desde la aprobación de la ley en 2006, Canarias ha tenido consistentemente los peores indicadores de aplicación en el Estado, según datos de varios organismos, incluyendo el IMSERSO, el Observatorio de la Dependencia y el Diputado del Común.

El proyecto de decreto, que se está tramitando con urgencia, cambia el procedimiento existente por uno que, según los socialistas, no garantiza una reducción de las listas de espera para el reconocimiento de la dependencia. Además, “disminuye la calidad del trabajo, realiza una criba injusta de expedientes y reduce las garantías de acceso en igualdad de condiciones y la seguridad jurídica del procedimiento”.

Según el texto de la moción, el sistema ha experimentado una “degradación” en el primer trimestre de 2024, con una caída significativa en las resoluciones y las prestaciones concedidas. “El decreto no cumple con lo estipulado por la ley, ya que se ha realizado sin participación previa, lo que abre la puerta a la privatización de los servicios sin una mejora del sistema”.

La moción sostiene que el consenso se ha roto, ya que “no se ha contado con las personas que han trabajado en el sistema de dependencia durante diecisiete años, ni con los colegios profesionales, las organizaciones y asociaciones que representan a las personas dependientes, así como a la Fecam y a la Fecai”.