En una reciente sesión plenaria extraordinaria celebrada el 6 de julio, el nuevo grupo de gobierno municipal de San Miguel de Abona, liderado por Coalición Canaria, aprobó la asignación de sueldos para sus 13 concejales y concejalas. Esta decisión ha generado debate debido a los ajustes salariales y a la falta de representación equilibrada de género en el reparto del poder.

Uno de los aspectos más destacados de la asignación de sueldos es el aumento significativo de la partida económica destinada a remunerar a los miembros del concejo municipal. Los sueldos se han incrementado en un 77%, pasando de 186.409,09 euros a 330.718,64 euros. Además, se ha incluido un apartado para el personal de confianza, que también ha experimentado un aumento del 14%.

En ese sentido, la concejala del PSOE, Carol Alejandra Correa Correa, defendió esta medida argumentando que es legal y que los sueldos deben ser acordes al trabajo realizado por los representantes públicos. En sus palabras “Esto es legal, así se recoge en la norma”… “las personas tienen que tener sueldos acordes, pero también hay que ganarlos, es decir, hay que trabajar y demostrar que valen lo que cobran de la ciudadanía”.

Sin embargo, la controversia surgió en torno al reparto del poder dentro del grupo de gobierno. De los seis tenientes de alcalde designados, solo una es mujer, lo que ha suscitado críticas sobre la falta de representación y equidad de género en los puestos de decisión y liderazgo según PSOE.

La concejala Correa Correa señaló esta discrepancia, destacando que Coalición Canaria había asistido previamente a una reunión con la Asociación de Empresarias y Profesionales de Canarias, donde se abordó la importancia de la representación equilibrada en la Administración Pública y el papel de la mujer en los cargos de decisión.

“Resulta muy curioso que, Coalición Canaria en San Miguel de Abona haya tomado esta decisión, porque los pasados 25 de mayo y 11 de junio, Coalición Canaria, con la actual presidenta del Cabildo de Tenerife, asistieron a una reunión con la Asociación de Empresarias y Profesionales de Canarias, la organización BPW Canarias (Business and Professional Women), donde se abordaron temas como el grave incumplimiento del principio de representación equilibrada en la Administración Pública de Canarias, la ley de paridad y del papel de la mujer profesional en los puestos de decisión” apunta el PSOE.

Correa Correa cuestionó la coherencia de esta decisión con los principios de equidad y paridad que Coalición Canaria había apoyado públicamente. Afirmó que el grupo político había pedido a las mujeres profesionales de San Miguel de Abona que confiaran en ellos.

“En San Miguel, con 6 tenientes de alcaldes 5 hombres y una sola mujer, evidentemente no están cumpliendo ese compromiso adquirido públicamente con esta asociación de empresarias y profesionales, con las familias de sus candidatas y con las propias candidatas en la lista electoral municipal de Coalición Canaria”. En ese sentido, Correa agregó, “ustedes, Coalición Canaria, pidieron a las mujeres profesionales sanmigueleras, o sea a todas las mujeres, como las que llevaban en su lista, que confiaran en ustedes, que confiaran en lo seguro, pero lo único seguro aquí es que las han relegado, tal y como hicieron en la legislatura anterior”.

La concejala reconoció la formación y profesionalización de todas las mujeres que integran el pleno municipal, haciendo un llamado a la sororidad y al respeto entre todas las mujeres, independientemente de sus diferencias políticas.

“La sororidad no entiende de partidos políticos, yo no quiero para ustedes lo que no quiero para mí, ni para ninguna otra compañera. Somos adversarias políticas, no enemigas, podemos tener y tendremos diferencias y discrepancias, pero siempre desde el respeto, ya que nos une un elemento común, somos mujeres profesionales, como todas las mujeres”. Concluyó Correa.

Esta situación ha generado un debate en el ámbito político y social de San Miguel de Abona, donde se discuten la necesidad de garantizar una representación más equitativa y el cumplimiento de los principios de paridad en la Administración Pública.