El Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife ha presentado una moción, que se debatirá en el pleno de este viernes (31), en la que denuncia la “grave situación” que atraviesa el sistema de dependencia en la isla, tras la finalización, el pasado 31 de diciembre, de la última prórroga del convenio con el Gobierno de Canarias. Según el PSOE, el Cabildo solo cuenta con recursos presupuestados hasta abril de 2025, lo que pone en riesgo la continuidad de los servicios destinados a más de 41.000 usuarios, incluidos personas con discapacidad, dependientes y mayores.
Pedro Martín, presidente del Grupo Socialista, y Marián Franquet, consejera, explicaron en rueda de prensa que, al no haberse firmado un nuevo convenio, los servicios se están financiando temporalmente con los fondos exclusivos del Cabildo, que se agotarán en abril. Esto afecta a diversas plazas, tanto residenciales como de centros de día, así como otros servicios esenciales, como la teleasistencia, el reconocimiento de la dependencia y recursos especializados para personas con demencias o problemas de movilidad.
El PSOE ha subrayado que, debido a la falta de un nuevo convenio, no es posible crear nuevas plazas, ampliar la cartera de servicios, incorporar el Servicio de Atención Domiciliaria Especializada (SADE), ni garantizar la continuidad de los recursos. Además, señalaron que esta situación afecta no solo a los usuarios, sino también a más de 3.200 profesionales que trabajan en estos servicios.
La moción socialista también hace hincapié en que, además del convenio de dependencia, el II convenio de infraestructuras sociosanitarias ha finalizado sin que se haya iniciado la negociación del III convenio. Esto implicaría que el Cabildo tendría que asumir, con fondos propios, el coste de diversas obras ya en marcha por un valor total de 138 millones de euros, entre las que se incluyen el Centro de Abades en Arico, con un coste de 4.000.000 euros; el de Garachico, con 11.700.000 euros; el de Santísima Trinidad en La Orotava, por 15.300.000 euros; el de Añaza en Santa Cruz, por 26.500.000 euros; el Hospital del Sur en Arona, con 12.700.000 euros; la Residencia de Discapacidad de Buenavista, por 5.400.000 euros; el de Granadilla, con 9.300.000 euros; los Cuarteles del Cristo, con 12.100.000 euros; el Febles Campos Nuevo, por 28.600.000 euros; el centro de discapacidad en Tacoronte, con 3.900.000 euros; y el Nuevo Camp de La Cuesta, con 8.500.000 euros.
Todo esto, como ha señalado Pedro Martín, a pesar del compromiso de Rosa Dávila de destinar 120 millones de euros para mejorar el sistema de dependencia y crear 2.800 plazas para personas dependientes.
La moción socialista solicita al gobierno insular y a su presidenta que exijan la firma urgente de un nuevo convenio, con la financiación adecuada, que se garantice la continuidad de los servicios y la actualización de los precios, y que se ponga en marcha un plan de choque contra la lista de espera, dotado con un millón de euros.
Según detalla el PSOE, ese millón de euros también fue incluido en el último presupuesto socialista, a propuesta del Grupo Popular. Sin embargo, al asumir el Gobierno, no se ejecutó, sino que se incorporó al presupuesto de 2024 y se utilizó para “cuestiones ajenas a un plan de choque”.
Por su parte, Marián Franquet ha recordado que tampoco se ha firmado el nuevo convenio de infraestructuras sociosanitarias, un aspecto clave del modelo para una comunidad autónoma que se encuentra “a la cola” en la aplicación de la Ley de Dependencia. Además, el propio Gobierno de Canarias no ha incluido en los presupuestos autonómicos las nuevas plazas acordadas a finales del año pasado con el Cabildo.
