El Grupo Socialista en el Cabildo insular ha registrado una pregunta sobre la situación del Auditorio de Tenerife “Adán Martín”, tema que se abrirá a debate en comisión plenaria el jueves 18 de julio.
Según un comunicado del PSOE, “las últimas informaciones acerca del estado de las instalaciones y la constatación de que no se ha adoptado ninguna iniciativa desde el cambio de gobierno”, ha llevado a los socialistas a plantear la cuestión en el órgano de control.
En concreto, el PSOE recuerda que, bajo la presidencia de Pedro Martín, y después de numerosas reuniones, debido a la falta de acuerdo entre las diferentes partes, el Consejo de Gobierno acordó en mayo de 2022 exigir al arquitecto Santiago Calatrava la redacción del proyecto de reparación de todos los “vicios ocultos”, que los técnicos cifraban en al menos 24 millones de euros, “sumando los costes de las obras, el lucro cesante del Auditorio durante al menos un año y otros aspectos.
Según recoge el documento, “En aquel momento se le dieron a Santiago Calatrava diecinueve meses para proceder a realizar los estudios necesarios y redactar el proyecto, desde la notificación del acuerdo. Como esta se produjo en junio de 2022, el arquitecto tenía hasta enero de 2024 para presentarlo. Sin embargo, cuando se produjo el cambio de gobierno se dio un nuevo plazo.”
“En concreto, en Consejo de Gobierno celebrado en noviembre de 2023, el grupo que preside Rosa Dávila concedió un año más a contar desde la notificación, alargando de esta manera el procedimiento y elevando aún más los costes de la reparación por la subida de los precios”, apunta.
Los socialistas han mostrado su “extrañeza” ante el hecho de que Rosa Dávila haya “asegurado que el asunto se encuentra judicializado, cuando se han ido adoptando diferentes decisiones de carácter técnico y político desde 2018 y diversas esferas judiciales se han pronunciado al respecto.”
Según explican, cuando Pedro Martín accedió a la presidencia del Cabildo, los socialistas se encontraron con el Auditorio en un caso judicializado y un “estado técnico lamentable” por los vicios ocultos detectados.
Detallan que, los primeros movimientos que se efectuaron fueron de carácter técnico, restringiendo la actividad junto al edificio y colocando sistemas de seguimiento del mosaico exterior, denominado trencadís.
A instancia judicial, en noviembre de 2019 las partes debían ponerse de acuerdo sobre los trabajos a realizar. A partir de esa fecha se producen diversas reuniones instadas por el grupo de gobierno para alcanzar una solución unánime.
Al no llegarse a ningún acuerdo, el Consejo de Gobierno decidió, en mayo de 2022, ejecutar un acuerdo previo del Cabildo, adoptado en 2018, por el que se declaran las responsabilidades por los vicios ocultos y se exige a Santiago Calatrava la reparación, a su costa, poniéndosele, además, un cronograma de actuaciones. Si bien este recurrió, la jueza dio la razón a la corporación insular en septiembre del año 2022.
En noviembre de 2023, sin embargo, el nuevo grupo de gobierno acuerda en Consejo de Gobierno otorgar un nuevo plazo a Santiago Calatrava, que finalizaría a principios de 2025. Apuntan el comunicado de los socialistas.
