El portavoz de Empleo del Grupo Parlamentario Socialista, Gustavo Santana, ha calificado de “chapuza política” la decisión de la Consejería de Empleo de conceder el estudio de riesgos laborales en el sector hotelero a la empresa del expresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) de Tenerife. Santana sostiene que el pretexto del Gobierno canario para no elaborar el estudio con medios propios “carece de fundamento”.

El diputado socialista argumenta que el informe sobre estudios ergonómicos y riesgos psicosociales en el sector hotelero nace “totalmente deslegitimado” debido a la desconfianza que genera entre sindicatos y el colectivo de las kellys, ya que el encargo se ha hecho a la empresa del expresidente de la CEOE Tenerife. Asegura que, aun sin conocer los resultados, este hecho es “una muestra clara de la chapuza política de la Dirección General de Trabajo”.

“Desde el Grupo Socialista no cuestionamos la legalidad del procedimiento de licitación del encargo del informe de estudios ergonómicos y riesgos psicosociales en el sector hotelero, ni la legitimidad de que la empresa del expresidente de la CEOE Tenerife haya sido la adjudicataria, pero es evidente la chapuza política de la Consejería de Empleo ante la sensibilidad que entre sindicatos y representantes de las kellys genera que este estudio tan esperado haya sido elaborado por quienes constantemente han criticado situaciones que califican de absentismo laboral confundiéndolas con la productividad, o incluso mezclándolo con los derechos laborales para generar artificialmente relatos en favor de las empresas”, explica.

Santana también ha manifestado que al Grupo Socialista “no le convence” el argumento del Gobierno canario sobre la falta de personal del Instituto Canario de Seguridad Laboral (ICASEL) como razón para la licitación. Califica esta justificación de “pretexto” y sostiene que “carece de fundamento” porque existen otras alternativas antes de recurrir a la licitación de dicho estudio.

En este contexto, el Grupo Socialista ha solicitado el dato del número de técnicos de Prevención con los que contaba el ICASEL en 2016, “un año en que los recortes en las administraciones públicas era la tónica habitual”.

Además, recuerdan que el Grupo Socialista logró el apoyo del Parlamento de Canarias en mayo de 2024 a una Proposición No de Ley (PNL) que comprometía un acuerdo público-privado para las políticas de prevención de riesgos laborales. En esta PNL, se instaba a la Consejería de Empleo a dotar las plazas vacantes del ICASEL, “que de haberse materializado, posiblemente se hubiera contado con más de seis técnicos especialistas en Ergonomía y Riesgos Psicosociales en los que hoy se escudan para justificar la concesión a la empresa adjudicataria”.

Por último, desde el Grupo Socialista instan a la Consejería de Turismo y Empleo a que elabore un nuevo estudio de riesgos psicosociales con el consenso y la participación de las confederaciones empresariales y sindicatos más representativos, “los cuales cuentan con grandes profesionales y especialistas en materia de Prevención de Riesgos Laborales en casi todas las islas”, y que dicho estudio cuente con la vigilancia de los delegados y delegadas de Prevención y los Comités de Seguridad y Salud.