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PSOE pide al Cabildo de Tenerife recursos para las 90 familias desalojadas en Costa del Silencio

Franquet pide a Dávila y al gobierno del Cabildo que usen recursos insulares para ayudar a las 200 personas desalojadas en Arona, comparando la situación con emergencias anteriores. Franquet advierte que las familias desalojadas enfrentan un estigma y un posible drama humanitario, incluyendo el riesgo para los menores por falta de recursos económicos

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El Grupo Socialista en el Cabildo y el PSOE de Tenerife han solicitado a la presidenta Rosa Dávila y al gobierno insular (CC y PP) que ofrezcan los recursos públicos insulares al Ayuntamiento de Arona. Esta petición se realiza con el objetivo de proporcionar alojamiento a las 90 familias desalojadas este martes 12 de marzo en el núcleo de Costa del Silencio, que incluyen a más de doscientas personas, entre las que se encuentran alrededor de quince menores y varias personas mayores.

Marián Franquet, consejera socialista, ha recordado que la corporación insular ha proporcionado los recursos necesarios en situaciones similares, no solo de la Acción Social, sino también de otras áreas. Ejemplos de estos recursos incluyen el campamento de Las Raíces, pabellones deportivos y viviendas disponibles en lugares como el Centro de Alto Rendimiento de Tíncer, en Santa Cruz de Tenerife.

Franquet ha señalado que este tipo de acciones se han llevado a cabo en situaciones como los incendios del pasado verano en la Isla y la crisis migratoria durante la pandemia de Covid-19. En su opinión, el desalojo de un número tan grande de personas es comparable a situaciones de emergencia social y humanitaria. Además, ha recordado que en situaciones similares, como el reciente incendio de un edificio en Valencia, se recurrió a plazas hoteleras para atender a las personas afectadas.

La consejera socialista ha explicado que estas doscientas personas ahora deben enfrentarse a un mercado de alquiler en el sur de Tenerife, donde no hay viviendas asequibles. Además, llevan el estigma de posibles situaciones irregulares, lo que añade un obstáculo adicional al problema.

Finalmente, Franquet ha expresado su preocupación por los menores desalojados y ha advertido que la intervención pública “podría llevar a que, como solución, fueran institucionalizados y, por tanto, separados de sus familias por la mera carencia de recursos económicos”.

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