La portavoz del PP de Güímar, Carmen Luisa Castro, denuncia la “burda e ilícita maniobra política” orquestada por el gobierno municipal para que el Ayuntamiento renuncie a utilizar el pozo de Cataño, al estar “contaminado por nitratos“.

El PP advirtió en el Pleno municipal el pasado 29 de febrero que esta medida supondría un grave incumplimiento del pliego de condiciones del concurso público, según el cual no se podría a utilizar este pozo a partir de fines de 2023. Y también dejó claro el PP que no se ha justificado de manera fehaciente la imposibilidad de encontrar agua alternativa en el mercado, por lo que el PP pone esta circunstancia en tela de juicio.

La “tan sorprendente como ilegal” reacción del grupo de gobierno fue impedir el debate en el Pleno sobre este asunto, con la decisión unilateral del alcalde, Gustavo Pérez (CC), de retirar este punto del orden del día, “vulnerando así con total desprecio” la normativa estatal (Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, conocido como ROF) y la del propio Ayuntamiento, que obliga a que en estos casos la retirada se haga con el voto favorable de los asistentes a la sesión. Y así se lo indicó Carmen Luisa Castro al alcalde, a lo cual este hizo caso omiso.

Pero “no menos sorpresivo” es que, días después, el concejal del Ciclo Integral del Agua, Airam Puerta (PSOE), haya remitido de manera oficial al grupo municipal del PP una petición para que le aporte “información sobre los suministros de agua alternativos”, alegando, además, que hace este requerimiento formal en aplicación de un supuesto acuerdo del Pleno con tal finalidad.

Pero Carmen Luis Castro desmiente de forma categórica que tal acuerdo con la oposición se haya producido y previene a ambos miembros del gobierno local de que están faltando a la verdad de lo ocurrido en el Pleno, “como fácilmente puede comprobarse” viendo el vídeo de la sesión en la página de Facebook del Ayuntamiento. Por tanto, la retirada del orden del día constituye un acto nulo, tomado a sabiendas de cuál es el procedimiento legal para ello.

“Injustificado Cambio de Reglas de Juego”

La exalcaldesa atribuye lo sucedido a un “ridículo y malintencionado intento de responsabilizar al PP de algo que solo es responsabilidad del grupo de gobierno, porque además es su competencia legal vigilar el correcto cumplimiento de los contratos con las empresas adjudicatarias. Es decir, “quieren cambiar a toro pasado las reglas de juego de la licitación, sin acreditar a la oposición la falta de proveedores de agua alternativos, y esta es la clave de todo el asunto”.

Además, según la líder popular, “ha quedado varias veces patente la aversión” del grupo de gobierno al debate de cualquier asunto polémico para la opinión pública.

Dicho esto, recuerda que el gobierno tripartito (formado por CC, PSOE y Unida Sí Podemos) tiene suficiente mayoría para aprobar este asunto y, de hecho, “toda esta trapisonda demuestra que la voluntad política no es convencer al PP para que haya unanimidad, sino intentar manipular a la opinión pública dando a entender, maliciosamente, una falsa responsabilidad de la oposición, que sólo cumple su deber de fiscalizar la gestión de un bien común tan básico como el agua”.

Por otra parte, Carmen Luisa Castro deja patente que la mera declaración de la emergencia hídrica insular anunciada por el Cabildo de Tenerife, el cambio climático o el déficit de lluvias de este invierno, no son circunstancias que por sí mismas justifiquen sin más acreditación ajustada al caso que nos ocupa uno de los requisitos tenidos en cuenta para adjudicar un concurso de 71 millones de euros.

“Muy al contrario, es el concejal responsable del servicio el que debe demostrarnos que no hay entidades comercializadoras de agua, ni dentro ni fuera del Valle de Güímar, que dispongan de recursos hídricos para evitar la utilización del agua del pozo de Cataño”, enfatiza la exalcaldesa.

Además, la edil popular sostiene que “en su caso, si al final el gobierno municipal decide no cumplir el pliego de condiciones, sería inexplicable que diera un cheque en blanco de duración indefinida, en lugar de que la medida solo se aplicara por el tiempo estrictamente necesario hasta que se negociara agua alternativa en el mercado, y, en ese supuesto, con un plazo solo prorrogable si demostrara de manera fehaciente esa imposibilidad, algo que ahora no ocurre”.