Los grupos insulares de Coalición Canaria y Partido Popular en el Cabildo de Tenerife presentarán una moción al Pleno de la Corporación insular (viernes 28 de marzo) en la que propondrán el impulso de una serie de medidas para el asesoramiento, la protección del derecho a la propiedad y la dinamización del mercado de la vivienda en Tenerife.

Los portavoces de CC y PP en el Cabildo de Tenerife, José Miguel Ruano y Lope Afonso, respectivamente, detallan que entre las propuestas que se llevarán a la sesión plenaria de mañana estará la de impulsar, en coordinación con los ayuntamientos, la creación de una oficina insular de información y asesoramiento a la ciudadanía en materia de vivienda.

Esta oficina, según recoge la moción, estará orientada en asistir técnicamente en la tramitación de procedimientos judiciales o administrativos relacionados con la protección del derecho a la propiedad de la vivienda. Además, servirá para informar sobre derechos y vías legales ante la ocupación de inmuebles y ofrecerá la mediación en situaciones de desahucio.

La moción de populares y nacionalistas también insta a los grupos con representación en el Congreso de los Diputados a promover, con carácter de urgencia, una reforma del marco normativo estatal en materia de vivienda que, entre otras cosas, “garantice la protección efectiva del derecho a la propiedad”.

También exigen que este cambio normativo “agilice los procedimientos de recuperación de inmuebles ante impagos u ocupaciones y estimule fiscalmente el alquiler de vivienda desocupada, eliminando incertidumbres jurídicas que disuaden a propietarios de poner inmuebles en el mercado”.

En la moción, PP y CC solicitan además al Gobierno de Canarias que fortalezca, con carácter prioritario, los convenios de colaboración con grandes tenedores de vivienda (entidades financieras, promotoras, fondos de inversión, etcétera) y la ampliación del Plan Canario de Vivienda con mayor énfasis en el estímulo a la construcción de vivienda protegida, promoviendo fórmulas de colaboración público-privada para dinamizar la oferta en los municipios con mayor tensión residencial.

Tanto nacionalistas como populares recuerdan que el acceso a una vivienda digna y la protección del derecho a la propiedad “son dos pilares fundamentales del bienestar, la estabilidad social y la convivencia democrática. Sin embargo, en los últimos años hemos asistido a una creciente dificultad para garantizar estos derechos, tanto por la escasez de vivienda disponible como por el incremento de situaciones de ocupación ilegal y conflictividad residencial”.

“La situación se agrava en territorios insulares como Tenerife, donde la presión demográfica, la falta de suelo urbanizable y el retraso acumulado en las políticas públicas de vivienda han generado una situación de especial vulnerabilidad para muchas familias, especialmente jóvenes, y también para pequeños propietarios que ven amenazada la seguridad jurídica de sus inmuebles”, aseveran.

Frente a esta realidad, el Cabildo de Tenerife “ha comenzado a dar una respuesta decidida, articulando medidas estratégicas que buscan afrontar de manera integral la crisis habitacional”.

Construcción de más de 1.000 viviendas

“Entre las principales iniciativas destacadas en el actual mandato”, prosiguen populares y nacionalistas, “cabe señalar la puesta en marcha del programa Activa Vivienda, con una previsión de movilizar suelo y recursos para facilitar la construcción de más de 1.000 viviendas a lo largo del mandato, en colaboración con ayuntamientos y promotores públicos y privados; así como “la activación del plan Activa Suelo, que identifica suelos aptos para uso residencial y los pone a disposición del desarrollo habitacional”.

Estas acciones “forman parte de un nuevo enfoque de política habitacional en la isla, que prioriza la creación de vivienda asequible, la seguridad jurídica del propietario y el uso inteligente de los recursos públicos”, recuerdan en el texto de la moción presentada al pleno de la Corporación.

No obstante, “la proliferación de ocupaciones ilegales, el retraso en los procedimientos de desalojo y la falta de asesoramiento especializado para los afectados siguen siendo problemas concretos que requieren una respuesta complementaria desde el ámbito insular. Además, la inseguridad jurídica derivada de la actual normativa estatal desalienta a muchos propietarios a sacar sus viviendas al mercado de alquiler, limitando aún más la oferta disponible”, sentencian.