El presidente del Partido Popular de Canarias, Manuel Domínguez, ha presentado este sábado en Arrecife una propuesta integral dirigida al Gobierno de España para frenar las salidas de embarcaciones irregulares hacia el archipiélago y salvaguardar vidas humanas. En una comparecencia centrada en el repunte migratorio tanto en las costas canarias como en Ceuta, el dirigente popular ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de inacción y ha reclamado medidas de contundencia operativa, incluyendo la intervención del ejército y de la agencia europea Frontex.
Durante su intervención, Domínguez ha hecho hincapié en el coste humano de la ruta atlántica, describiéndolo como un “drama humanitario” ante el cual el Estado “no puede quedarse perplejo, no puede quedarse pasivo: tiene que actuar”. Para ilustrar la gravedad de los acontecimientos recientes, el líder autonómico ha recordado sucesos trágicos como la desaparición de 85 personas en una única patera, el desembarco de una madre fallecida junto a su bebé sin vida, el caso de un niño de dos años arrojado al mar o la agresión sexual múltiple sufrida por una mujer durante la travesía. Asimismo, ha sustentado su diagnóstico en las estimaciones de la ONG Caminando Fronteras: “Cada 100 personas que salen de África, 21 mueren en el mar. Este es un dato, insisto, que no puede llevar a la pasividad del Gobierno de España”.
La propuesta del Partido Popular canario se estructura en un plan de acción articulado en cinco ejes prioritarios, redactados sin recurrir a esquemas fragmentados para abordar de forma conjunta la seguridad y la cooperación internacional.
En primer lugar, la iniciativa exige una ampliación urgente de medios materiales y humanos para la Policía Nacional y la Guardia Civil, incorporando la participación activa de las Fuerzas Armadas para robustecer la vigilancia aérea y marítima y elevar la capacidad de interceptación previa.
En segundo término, reclama que el Estado demande a la Unión Europea el despliegue permanente de Frontex en las aguas canarias, integrando al archipiélago en una respuesta comunitaria coordinada.
Como tercer pilar, el plan estipula un refuerzo de agentes destinados específicamente a desarticular con contundencia a las mafias y organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas y al control de los trayectos clandestinos.
El cuarto punto plantea un incremento presupuestario y operativo para el Centro de Coordinación Regional de Canarias, organismo que conmemora estos días su vigésimo aniversario tras su creación en 2006.
Por último, el documento demanda intensificar la acción diplomática y la presencia de España en los países emisores y de tránsito del continente africano, con miras a fortalecer los acuerdos bilaterales de cooperación que impidan la partida de cayucos y pateras desde el origen.
Para justificar la viabilidad de recurrir al estamento militar, Domínguez ha remitido a los antecedentes de la política migratoria estatal, citando la Operación Noble Centinela implementada durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Según ha detallado, aquel dispositivo combinado entre las Fuerzas Armadas y Frontex se prolongó durante casi dos años y logró contener un 60 % de las llegadas irregulares, además de atribuírsele el rescate de aproximadamente 10.000 personas.
Anticipándose a las posibles objeciones del arco parlamentario, el presidente de los populares canarios ha defendido que “lo único que estamos pidiendo es exactamente lo mismo que hizo Rodríguez Zapatero en el año 2006″. En este sentido, ha admitido que la propuesta suscitará discrepancias: “Sé que estas declaraciones invitarán a la izquierda de ahora a hablar de esa demagogia que han dicho cada vez que nombramos a las Fuerzas Armadas”. No obstante, ha reiterado que “el mentor de Pedro Sánchez, el profesor de Pedro Sánchez, que fue Rodríguez Zapatero, es quien, en el año 2006, llevó a cabo ese operativo, que, según los datos, fue eficaz y controló la salida de pateras y, al mismo tiempo, lo más importante de todo, salvó vidas”.
El responsable popular ha cerrado su comparecencia endureciendo el tono contra las actuales directrices de Madrid, sentenciando que “la desgracia humanitaria no puede venir acompañada de la pasividad del Gobierno de España” y reiterando sus críticas al sostener que “la política migratoria del Partido Socialista mata”, motivo por el cual ha urgido a adoptar de inmediato un cambio de rumbo operativo enfocado tanto en la contención de los flujos como en la preservación de las vidas en el mar.






