El Partido Animalista ha presentado una propuesta para modificar el Real Decreto 666/2023, que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios. La formación política ha dirigido su solicitud a los ministerios competentes –Agricultura, Sanidad y Presidencia–, señalando que esta norma, que se aprobó con el objetivo de adaptar la legislación nacional al Reglamento Europeo sobre medicamentos veterinarios, no está alineada con lo estipulado en dicho reglamento, lo que justifica una modificación urgente.

Por este motivo, el presidente nacional de PACMA, Javier Luna, ha participado este miércoles en una manifestación en apoyo al sector celebrada en Madrid.

A pesar de que el Reglamento Europeo establece la obligación de que los Estados miembros recopilen datos sobre el uso de antibióticos en animales (decisión que España ha adoptado mediante el RD 666/2023, exigiendo a los veterinarios notificar cada prescripción a través del sistema PRESVET), PACMA ha denunciado que se han incluido en esta normativa las prescripciones a animales de compañía, a pesar de que el Reglamento Europeo los excluye.

“La UE está preocupada por la resistencia a los antimicrobianos, que se ha convertido en un problema de salud mundial tras décadas del uso rutinario de antibióticos, con fines profilácticos y metafilácticos, por la industria ganadera, pero este abuso no se estaba produciendo en los animales de compañía, por lo que en el Reglamento, lógicamente, los excluye a la hora de establecer la obligación de recabar dicha información”, explican desde PACMA.

El decreto “está costando vidas animales”

El Real Decreto 666/2023 también establece que, para la administración de antibióticos catalogados como “restringidos” por la Agencia Europea de Medicamentos, se deben realizar pruebas de identificación de patógenos y de sensibilidad al antibiótico. Sin embargo, PACMA argumenta que la normativa europea es clara en cuanto a que no es necesario esperar los resultados de dichas pruebas para administrar el antibiótico que el veterinario considere más adecuado. Además, aseguran que estas pruebas no son requeridas cuando el antibiótico forma parte de un medicamento autorizado en la UE.

“La imposición establecida por el RD 666/2023, de realizar estas pruebas en todos los casos, no es coherente, es desproporcionada, no está justificada y está costando la vida de animales, por lo que hemos solicitado que sea adaptada, de manera urgente, a lo que establece la legislación europea”, señalan.

Otra de las críticas que PACMA ha planteado sobre el RD 666/2023 es la obligación de identificar tanto a los animales como a sus responsables para la administración de medicamentos veterinarios sujetos a prescripción. Según la formación, esto representa un gran obstáculo para el tratamiento de animales que no están identificados, como los gatos comunitarios o los animales abandonados.

“Significativamente –señalan desde PACMA–, la regulación prevista por el Reglamento Europeo no impide el tratamiento de estos animales, puesto que, al contrario que el RD 666/2023, no exige la identificación cuando el medicamento es administrado por el veterinario”.

En su escrito, el Partido Animalista también hace hincapié en la necesidad de reducir el IVA de los servicios veterinarios del 21% al tipo superreducido del 4%.

Para la formación resulta una “incoherencia e hipocresía absoluta” aprobar normas como el RD 666/2023 para garantizar, según su preámbulo, «el más alto nivel de protección de la sanidad animal» cuándo, al mismo tiempo, “se está agravando esa sanidad como si fuera un lujo, inaccesible para muchas familias”, concluyen.