Sí se puede e Izquierda Unida Canaria (IUC) consideran que Mari Brito debe renunciar ante la inminente apertura del juicio oral por los vertidos en el Polígono de Güímar y destacan que se trata no solo de la única de los políticos que van a ser procesados por este caso que se mantiene activa como alcaldesa en el valle, sino que, además se trata de la presidenta de la Federación Canaria de Municipios (FECAM), lo que exige aún más un comportamiento ejemplar.

Ambas organizaciones están personadas como acusación popular, para dar continuidad a su papel en el freno al mayor atentado medioambiental contra el litoral de Tenerife, que se convirtió en un asunto judicial tras la presentación de una denuncia conjunta por parte de concejales de estas organizaciones en los ayuntamientos de Candelaria, Güímar y Arafo en 2017 contra los alcaldes de estos municipios por presuntos delitos continuados contra el medio ambiente y prevaricación en la gestión de los vertidos de aguas residuales al mar en este polígono durante décadas.

Las dos organizaciones destacan la importancia de que hayan sido desestimados por el juez los recursos presentados por Mari Brito y Gumersindo García (PSOE), alcaldesa y exalcalde de Candelaria, respectivamente; Carmen Luisa Castro (PP), exalcaldesa de Güímar, y José Juan Lemes (PP y luego, CC), exalcalde de Arafo.

El auto establece que estos alcaldes, “de forma consciente y voluntaria”, omitieron desde el verano de 2013 las actuaciones administrativas para controlar y legalizar los vertidos de aguas residuales, algo que sí acometieron después de que se abriera la causa penal, a partir de la denuncia presentada por Sí se puede e IUC.

Tras la desestimación de los recursos, solo queda la apertura del juicio oral, un momento decisivo, y, en el juicio, se establecerán finalmente los hechos y las responsabilidades penales.

Por su parte, el auto judicial es contundente y no deja lugar a dudas sobre el conocimiento de los hechos por parte de los responsables políticos, su inacción y el negativo impacto de estos vertidos sobre el medioambiente y la salud de la ciudadanía.

En cuanto a la calificación de los hechos, quedó establecido en el auto de procesamiento que se ha quebrantado la legislación medioambiental, que las instalaciones del polígono estaban obsoletas y carecen de mantenimiento y que no existe rastro de vida en el litoral del polígono.

Con el desarrollo de los hechos desde la denuncia de Sí se puede e Izquierda Unida Canaria hasta la actualidad, y a raíz de esta denuncia y del proceso judicial iniciado, en otoño de 2022 se puso en funcionamiento en el Polígono Industrial una Estación de Aguas Residuales Industriales (EDARI), algo en lo que estas fuerzas políticas insistieron pese a la resistencia del Cabildo de Tenerife.

Sin embargo, este proceso judicial se atiene a la inacción política denunciada, durante el periodo objeto de la denuncia, sobre el que establecerán las responsabilidades de cada uno de los cargos políticos al frente de los diferentes ayuntamientos del Valle.

“Convirtieron en un desierto el litoral del valle de Güímar al permitir durante decenas de años los vertidos industriales descontrolados. El daño ambiental causado es equivalente y tan grave como las extracciones de áridos en los barrancos de Güímar, por eso teníamos que exigir responsabilidades. Tenemos que recordar que, en este asunto, todas las administraciones han actuado de manera negligente”, afirma Lourdes Mondéjar, integrante de Sí se puede y, actualmente, concejala de la coalición Unidas Sí Podemos en el Ayuntamiento de Candelaria.

El coordinador de IUC en Tenerife, Ramón Trujillo, destaca que “llegamos al momento de la verdad; ahora podremos ofrecer al tribunal toda la información que sostiene nuestra denuncia y confiamos en que, a partir de este juicio, se establezcan medidas para reparar el daño causado y sirva de ejemplo para todos los ayuntamientos de Canarias sobre su responsabilidad en el control de los vertidos de aguas sin depurar al mar, que atentan contra el medioambiente y contra la salud de las personas”.

Ambas organizaciones denunciaron los hechos en junio de 2017, al asegurar ante el juzgado que se llevaba varias décadas vertiendo al mar las aguas industriales sin ningún tipo de depuración, a pesar de contener componentes altamente contaminantes derivados de su utilización en procesos industriales con productos tóxicos de todo tipo. La denuncia destacó que los niveles de contaminación duplican, triplican o cuadruplican y más los valores de referencia establecidos en la normativa, de forma que se incumplen también los valores referidos a los metales pesados, lo que es buena muestra de la gravedad de la situación.

En mayo de 2018, Izquierda Unida Canaria y Sí se puede se personaron como acusación popular en el caso. Los dos partidos han llamado la atención sobre que estos vertidos contaron de manera incomprensible con una autorización de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias por Resoluciones desde 1998, una autorización que no debió otorgarse por la carencia de estación depuradora y las características de estas aguas, que proceden de procesos industriales y contienen materiales altamente contaminantes, entre ellos, metales pesados.