Cinco asociaciones de jueces y fiscales han anunciado una huelga a partir del 1 de julio, una convocatoria sin precedentes que coincide con las propuestas legislativas del ministro Félix Bolaños, que, según denuncia, Diego Cabezuela Sancho, senior partner de Círculo Legal, conforman “un plan de demolición institucional” que busca someter la Justicia al control del Poder Ejecutivo.

“El plan del Gobierno para desmantelar la Justicia se ha convertido, no solo en su prioridad absoluta, sino en una cuestión de supervivencia” advierte Cabezuela. El abogado señala que “los cambios legislativos propuestos suponen un riesgo real para el modelo constitucional” y denuncia “la perversidad del diseño del ministro Bolaños”.

Uno de los ejes centrales de sus críticas es la ofensiva contra la figura de la acusación popular, recogida en el artículo 125 de la Constitución. Cabezuela afirma que “la acción popular ha jugado un papel decisivo en muchos grandes procesos de las últimas décadas”, especialmente aquellos con “una carga política o social relevante”, y alerta de que muchos de ellos no habrían llegado a juicio “sin el esfuerzo de personas o asociaciones que desconfiaron de la independencia del Fiscal”.

El texto, que ha sido bautizado informalmente como “ley Begoña”, contempla, según el abogado, un “obsceno vaciado” de la acusación popular: impediría su intervención en la fase de instrucción, la proposición de diligencias, el acceso al procedimiento o la solicitud de apertura del juicio si no lo hacen el fiscal o la acusación particular. “Sin ella, los jueces no podrán abrir juicio, ni juzgar, por graves que les parezcan los hechos, si el fiscal no lo quiere”, sostiene Cabezuela.

Asimismo, el jurista advierte del plan para reformar el Estatuto del Ministerio Fiscal, que, según explica, “busca atribuir la instrucción penal a los fiscales en lugar de a los jueces”. Aunque reconoce que, “en unas condiciones democráticas saludables, podría suponer una posible modernización del sistema”, denuncia que “el traspaso de la instrucción siempre ha chocado, en España, con el pecado original de la Fiscalía”, es decir, “el nombramiento de su Fiscal General por el Gobierno y su estructura interna jerárquica, y con escasos contrapesos”.

“El plan Bolaños concentra muchos más poderes en el Fiscal General”, advierte Cabezuela. Entre ellos, el control de la Policía Judicial, incluida la UCO. “¿Se imaginan a alguien como García Ortiz ordenando y controlando las investigaciones de la UCO, los audios de Koldo o los negocios de Begoña Gómez?”, se pregunta en su artículo.

También critica la modificación del sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal, que, a su juicio, podría permitir el ingreso de “personas próximas al Gobierno de turno”. “Es imposible no acordarse de aquéllos ‘jueces del cambio’ por los que suspiraba hace unos años Pablo Iglesias, ‘comprometidos con el programa del Gobierno’”, recuerda.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), más del 43 % de los jueces considera que la independencia judicial está amenazada por presiones externas, una percepción que ha aumentado en los últimos años, según los informes europeos sobre calidad democrática.

“Neutralizadas las causas penales molestas, sometida la Policía Judicial y descartada la opción de que un fiscal honesto o un acusador popular inoportuno puedan interferir en los deseos del tándem Gobierno y Fiscalía General, ¿por qué no ir más allá y controlarlo todo?”, plantea el abogado.

A juicio de Cabezuela, “vivimos momentos críticos de nuestra historia democrática” y “nuestro Estado de Derecho está en riesgo real de desaparecer”. Tras los últimos hallazgos judiciales, afirma que “es muy probable que lo peor esté por llegar” y llama a “mantener la guardia alta y cerrar filas con el Estado de Derecho”.