La Federación Canaria de Islas (FECAI), que agrupa a los presidentes de los cabildos insulares, celebra la convalidación en el Congreso de los Diputados del Real Decreto-ley 2/2025, que modifica la Ley de Extranjería y establece un sistema nacional de acogida para menores migrantes no acompañados. Se trata de un mecanismo reclamado insistentemente por Canarias durante los últimos 18 meses.
La presidenta de la FECAI, Rosa Dávila, dijo que se trata de “un primer paso fundamental en el que, por fin, a Canarias se le hace caso, se le reconoce y se empieza a aliviar la presión migratoria que llevamos demasiado tiempo soportando en solitario”.
Rosa Dávila subraya que “hay que felicitar y darnos la enhorabuena como comunidad autónoma y como sociedad, porque España, por fin, se dota de un sistema nacional que coloca el interés superior del menor por encima del partidismo. Ha sido una batalla larga y dura, y hoy sentimos que nuestra voz se ha escuchado en el Congreso”.
La presidenta de la FECAI ha destacado el papel esencial del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, de quien dijo que “jamás tiró la toalla. Ha sido el principal defensor de nuestra tierra y de este drama humanitario, y lo ha hecho con firmeza, con responsabilidad, y sobre todo, desde la unidad”.
Dávila también valoró el respaldo de “todos los partidos políticos del Parlamento de Canarias —excepto VOX—, que han estado a la altura de las circunstancias”. Desde la Federación señalan que se ha demostrado “que la política puede ser útil cuando se pone al servicio de los más vulnerables”.
La presidenta de la FECAI agradeció, en nombre de todos los cabildos, “el papel de las ONG, el personal técnico, las comunidades locales y la sociedad civil en su conjunto, que han sostenido la respuesta humanitaria en condiciones muchas veces límite. Este decreto es también el fruto del compromiso silencioso y valiente de quienes han estado en primera línea todos estos meses”, señala.
La FECAI confía en que la implementación de este sistema nacional de acogida se realice de manera “efectiva y coordinada, asegurando el bienestar de los menores y una distribución equitativa de responsabilidades entre todas las comunidades autónomas”.
