Drago Canarias presentó recientemente un documento de alegaciones al proyecto de la Planta de Generación de Emergencia prevista en Tigaiga, en el municipio de Los Realejos, Tenerife. Según esta formación, el proyecto presenta “varias inconsistencias” y podría generar “afecciones en el entorno y sobre la ciudadanía”.

Las alegaciones apuntan a presuntos incumplimientos en distintos ámbitos, entre ellos el informe de evaluación ambiental, la calificación del suelo, la protección de espacios naturales, la falta de alternativas sostenibles y los efectos sobre la población residente. Según Drago Canarias, se trata de una planta que se pretende instalar “a decenas de metros de las viviendas de la zona”.

Entre los aspectos que consideran más graves, destaca lo que califican como una “infracción de la evaluación ambiental”. Según indican, la propia cartografía oficial de Grafcan refleja que la planta se situaría cerca de varios espacios naturales protegidos e incluiría “dos depósitos de propano a presión de 200 m³”. No obstante, subrayan que el proyecto únicamente cuenta con un “estudio de impacto ambiental simplificado”, cuando, conforme a la Ley de Evaluación Ambiental, debería haberse tramitado una evaluación ordinaria por tratarse de una instalación industrial de gran escala.

También cuestionan la calificación urbanística del terreno. Según Drago Canarias, la parcela está clasificada actualmente como “suelo de uso agrario” en el Plan General de Ordenación de Los Realejos, y advierten de que la instalación prevista implica “un cambio sustancial del uso del suelo”, lo cual “requiere una modificación puntual del planeamiento”, que no figura en el expediente ni cuenta con informe que “avale la compatibilidad con el planeamiento vigente”.

Drago Canarias sostiene, además, que el proyecto incumple lo establecido en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias, que obliga a contemplar alternativas menos contaminantes. Afirman que no se han evaluado otras opciones como “la energía solar fotovoltaica o almacenamiento con baterías, los generadores alimentados por biometano o hidrógeno verde o el aprovechamiento de infraestructuras preexistentes con alternativas viables de localización y tecnología”.

También expresan su preocupación por los riesgos asociados al uso de propano almacenado en depósitos presurizados. Denuncian que “no se ha presentado modelización de escenarios de fuga, explosión o incendio ni plan de evacuación de emergencia para la población cercana”. Asimismo, señalan que “tampoco existe evaluación acústica ni de campos electromagnéticos”, a pesar de que se proyectan “motores de combustión que generan emisiones relevantes de ambos tipos”.

La planta, promovida por la empresa Disa, estaría ubicada en una parcela de más de 26.000 metros cuadrados en la zona de La Gañanía. Según el análisis urbanístico incluido en las alegaciones, esta parcela “colinda o está muy próxima al tejido residencial existente” y se encuentra en las inmediaciones de “zonas habitadas”.

El proyecto contempla la instalación de ocho motores de combustión alimentados por gas propano, dos depósitos de 200 m³ cada uno, un cargadero de cisternas, una subestación transformadora y diversas conexiones eléctricas subterráneas.

Drago Canarias concluye que, pese al elevado potencial renovable de las islas, “el avance real hacia un modelo energético sostenible se está viendo comprometido por la autorización de nuevas infraestructuras contaminantes”, como la planta proyectada en Los Realejos, que “refuerzan el mismo patrón de dependencia fósil que la Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Energética pretende precisamente superar”.