El Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado debatieron un acuerdo para la distribución de menores no acompañados entre todos los territorios. Se comprometieron a determinar en 15 días si la solución será a través de un real decreto ley, como defiende el Gobierno de Canarias, que podría resolver el colapso de la red de acogida en las islas que actualmente alberga a 5.477 menores en un mes, o una proposición de ley como propone el Estado, que prolongaría la situación al menos tres meses.

Esta es una de las diferencias entre ambos Gobiernos, según informó el jefe del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, después de la reunión de hoy lunes 22 de abril con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. También participaron de forma telemática las ministras de Juventud e Infancia, Sira Rego, y de Inclusión, Elma Saiz, así como la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, quien defendió el real decreto ley que “permitiría sacar adelante la reforma en un tiempo menor y nos va a permitir tener a los niños y niñas mejor atendidos y más protegidos, que es el objetivo que no debemos perder de vista”.

El acuerdo alcanzado hoy solo se aplicará a los territorios en situación de emergencia migratoria, es decir, actualmente a Canarias, Ceuta y Melilla. Se ha confirmado que en cualquier caso implicaría la salida de las islas a otros territorios de 2.500 menores no acompañados en un plazo máximo de 12 meses, de acuerdo con los criterios vigentes establecidos por la Comisión Sectorial de Migración en 2022.

En este contexto, el criterio para definir la situación de saturación de un territorio es cuando supera en un 150% su capacidad, lo que activaría inmediatamente el traslado de estos menores a otra comunidad autónoma. Esta es otra de las diferencias entre el Gobierno de Canarias y el Estado, el primero defiende que este traslado se realice en un plazo máximo de quince días, mientras que el Gobierno estatal propone que sea en un plazo de tres meses.

La tercera diferencia radica en el procedimiento de asignación una vez que el menor es acogido. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, defendió que el Estado “realice esa asignación junto a la tutela a la comunidad autónoma que le corresponda desde un primer momento”, tal y como se ha defendido también en el seno del Pacto por la Migración.

Estas tres diferencias deberían resolverse en los próximos 15 días. Al respecto, el presidente canario valoró “la voluntad de llegar a acuerdos, lejos del ruido de Madrid se ha impuesto el modo canario para dar respuesta al drama humanitario que vive Canarias y garantizar un presente y un proyecto de vida a los menores que llegan a Europa a través de las islas”, concluyó.