España ha experimentado un retroceso en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024, publicado por Transparencia Internacional.

Según este informe, con una puntuación de 56 sobre 100, el país pierde cuatro puntos respecto al año 2023 y cae diez posiciones en el ranking global, situándose en el puesto 46 de 180.

En comparación con otros países, el informe señala que España comparte posición con Chipre y República Checa, quedando por debajo de Ruanda y Botsuana.

En el ámbito europeo, el país también ha descendido, pasando del puesto 14 al 16 entre los 27 Estados miembros de la Unión Europea, viéndose superado por Letonia y Eslovenia.

Uno de los factores que han influido en este descenso, según TI, es “la falta de avances en políticas anticorrupción”. Aunque “la legislación en la materia no ha sufrido un retroceso significativo, tampoco se han producido progresos sustanciales en su implementación”.

Además, el documento apunta a un debilitamiento de estructuras anticorrupción a nivel autonómico y retrasos en la transposición de directivas europeas, con 87 normativas aún pendientes de incorporación al ordenamiento jurídico español, 30 de ellas fuera de plazo.

Otro elemento clave es la ausencia de una estrategia nacional anticorrupción, prevista en la Ley 2/2023 pero aún sin desarrollo. También sigue pendiente la reforma de la normativa sobre conflictos de interés y la creación de un registro central de lobbies.

En el ámbito de la transparencia institucional, la reforma de la Ley 19/2013 continúa sin materializarse y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno enfrenta limitaciones por la falta de recursos, lo que repercute en su capacidad de supervisión.

En cuanto al cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa por parte de los partidos políticos, el informe destaca que “sigue siendo alarmantemente bajo”, con un Índice de Cumplimiento de Información Obligatoria (ICIO) que no supera el 55%.

Además, la eliminación de agencias antifraude en algunas comunidades autónomas, como Baleares, y la reducción de competencias en otras, como la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF), han contribuido a una aplicación desigual de las políticas de lucha contra la corrupción en el territorio nacional.

En el ámbito judicial, el retraso en la implementación de la Ley 2/2023 y la falta de un canal externo para la protección de denunciantes han generado preocupaciones. La organización subraya que la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante aún no se ha materializado, lo que deja sin cobertura a posibles alertadores de corrupción.

Asimismo, la demora en la resolución de macrocausas de corrupción, agravada por la falta de recursos y el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ha debilitado el sistema judicial.

Por último, en materia de Gobierno Abierto, han mostrado deficiencias en mecanismos de rendición de cuentas y coordinación entre iniciativas. Transparencia Internacional también señala que la reciente promoción del I Plan de Parlamento Abierto en el Congreso ha sido criticada por la escasa participación ciudadana en su fase de consulta pública (15 días), lo que refuerza la percepción de que “estos procesos no cuentan con una participación efectiva de la sociedad civil”.