El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Movilidad dirigida por Evelyn Alonso, inició este lunes la consulta pública para la elaboración de la nueva Ordenanza de Movilidad.

La iniciativa busca la participación de los distintos colectivos implicados: “peatones, personas con discapacidad, comerciantes, transportistas, ciclistas, usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP) y ciudadanía, con la intención de cumplir con los plazos normativos, empezando con esta consulta pública previa, para a continuación redactar el proyecto definitivo acompañado de la memoria de análisis de impacto normativo”, explica el alcalde José Manuel Bermúdez.

Según Bermúdez, “el procedimiento continuaría con la elevación del proyecto normativo al Pleno municipal para su aprobación inicial, que luego se somete a información pública durante otro mes, y ya pasada esa información pública se recogen las alegaciones presentadas y, en su caso, se modifica el texto normativo”.

El regidor subraya que “su importancia radica en que el municipio precisa una ordenanza en esta materia que contemple los nuevos escenarios que se dan en la ciudad, así como los diferentes modos de transporte y desplazamientos, donde deben convivir con el uso peatonal de la capital”.

Desde la web www.santacruzdetenerife.es/participa/legislation/processes/60/debate, “las preguntas a las que son convocados los colectivos implicados a su participación se concentran en cuatro grandes bloques, tales como problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa; necesidad y oportunidad de su aprobación; objetivos de la norma, y posibles soluciones regulatorias y no regulatorias”, aclara la concejala Evelyn Alonso, que recuerda que “cuyo plazo se extiende hasta el 14 de febrero de este año”.

“En el primer apartado —detalla Alonso— se pretende la elaboración de una nueva ordenanza de tráfico para responder a un conjunto de problemas estructurales y emergentes que afectan al modelo de movilidad urbana del municipio”, añade, y explica que “mientras que en el segundo, se explicita la necesidad de la ordenanza para solventar problemas reales que afectan a la seguridad, accesibilidad, sostenibilidad y convivencia urbana, y cuya oportunidad coincide con el momento regulatorio adecuado, con el marco estratégico municipal y con los requerimientos de participación y transparencia exigidos por el ordenamiento jurídico”.

“La tercera cuestión que sale a debate -continúa la concejala- tiene que ver con los objetivos de la norma, que de manera general se sintetiza en la finalidad de regular la circulación de vehículos, bicicletas, VMP y peatones, preservando la seguridad vial, el uso peatonal y la movilidad sostenible” y concluye que “en la cuarta, se busca analizar las diferentes alternativas (regulatorias y no regulatorias) para afrontar los problemas diagnosticados en materia de movilidad urbana, preceptivo para justificar que la ordenanza constituye la opción más eficaz, proporcional y eficiente conforme a la legalidad vigente”.