Los grupos insulares de Coalición Canaria y Partido Popular en el Cabildo de Tenerife han presentado una moción al próximo pleno de la Corporación, que se celebra este viernes (20 de diciembre), en la que exigen al Ministerio del Interior la retirada del decreto sobre el Registro de Viajeros por limitar los derechos fundamentales de las personas.
En este sentido, los portavoces de CC y PP que suscriben la moción que se presenta al Pleno, José Miguel Ruano y Lope Afonso, exigen al Gobierno de España la retirada del Decreto 933/2021 por “limitar los derechos fundamentales de las personas al obligarles a aportar datos de carácter reservado a empresas privadas para su almacenamiento y posterior envío a dicho Ministerio para su tratamiento, así como, por los perjuicios que produce al sector turístico en cuanto su operatividad, economía y el riesgo que supone el almacenamiento y custodia para la privacidad de datos personales sensibles”.
En este sentido, en la moción ambas formaciones exigen además al ministerio “el cumplimiento de la Consideración 1 del Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y de Consejo de 27 de abril de 2016 que establece que la protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales es un derecho fundamental”.
“El artículo 8, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y el artículo 16, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la UE establece que toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que le conciernan”, recuerdan.
Además, tanto CC como PP instan a que el desarrollo legislativo del Ministerio del Interior refuerce y especifique los derechos de las personas interesadas y las obligaciones de quienes tratan y determinan el tratamiento de los datos de carácter personal, así como garantizar el cumplimiento de las normas relativas a la protección de los datos de carácter personal.
Tanto nacionalistas como populares solicitan además a Interior “el cumplimiento del principio de interdicción de la arbitrariedad por el que las autoridades no pueden tomar decisiones arbitrarias entendiéndose por tales las que producen infracción del principio de igualdad de trato de los administrados ante la aplicación de la ley”.
Además, reclaman que “en su regulación, referida a la protección de las personas, a la hora de la recopilación para el tratamiento de datos personales previo consentimiento del interesado, como responsable de dicho tratamiento, debe ser capaz de demostrar que aquel ha dado su consentimiento. Para garantizar que el consentimiento se haya dado libremente, este no debe constituir un fundamento jurídico válido para el tratamiento de datos de carácter personal, sobre todo en el caso concreto en el que exista.
Por último, ambas formaciones plantean dar traslado de este acuerdo a la Agencia española de Protección de datos para que, en el marco de las funciones que le atribuyen los arts 57 y 58 del Reglamento (UE) 2016/679, promueva la modificación del Real Decreto de referencia, toda vez que no cumple con los principios de adecuación, necesidad y proporcionalidad que establece la jurisprudencia del TC en la solicitud y tratamiento de datos que se requieren de una persona que viaja.
Tanto Ruano como Afonso recuerdan en la moción que el Gobierno de España “ha ignorado por completo los pronunciamientos sobre este decreto del Congreso y del Senado, descartando ni siquiera considerar un nuevo periodo de prórroga para la entrada en vigor de esta compleja e inasumible normativa, que lastra de lleno la operativa diaria de miles y miles de pequeñas empresas de la cadena de valor turística”.
“Todo esto pone en riesgo el funcionamiento de los flujos turísticos, a la par que genera serios interrogantes de índole jurídica en materia de protección de derechos y privacidad de turistas y usuarios, tanto de carácter doméstico como internacionales”, sentencian ambos portavoces.
