Los grupos insulares de Coalición Canaria y Partido Popular en el Cabildo de Tenerife han exigido hoy al Gobierno de España la aprobación de un Real-Decreto Ley que dé respuesta a la situación de los menores extranjeros no acompañados llegados a Canarias por vía marítima, para una equitativa distribución de los mismos en todo el territorio nacional, en atención a las necesidades del menor, en el marco de la Convención internacional de derechos del niño.
Tanto nacionalistas como populares presentaron hoy una enmienda a la moción del PSOE, que finalmente no se votó tras retirar los socialistas su propuesta. Un artificio que, para CC y PP, “solo buscaba intentar desgastar el sólido pacto que populares y nacionalistas mantienen en el Cabildo y en otras instituciones”, en un “claro ejemplo de tacticismo político del PSOE más preocupado por este tipo de artimañas que de encontrar una solución real al drama humanitario que viven los niños y niñas migrantes”.
En este sentido, los portavoces de CC y PP, José Miguel Ruano y Lope Afonso, quisieron resaltar las iniciativas que ambas formaciones presentaron en su enmienda, y más después de lo ocurrido días atrás en el Congreso de los Diputados.
“Para garantizar la convalidación del referido Real-Decreto Ley, además de las modificaciones pertinentes de modo análogo al del texto de la Proposición de Ley no tomada en consideración por el Pleno del Congreso, exigimos la convocatoria inmediata de la Conferencia de Presidentes de Comunidades y Ciudades Autónomas”, manifestaron ambos portavoces.
Asimismo, CC y PP solicitan al Gobierno de España la “declaración de emergencia migratoria en todo el territorio nacional, que permita acudir al procedimiento extraordinario de contratación de la LCSP en la atención a los menores migrantes”, así como fondos garantizados a las CCAA para cada menor, hasta la mayoría de edad, no solo hasta el primer año.
En la propuesta, nacionalistas y populares exigen que el Gobierno de España pueda asumir, con medios propios, “la gestión de los menores de manera extraordinaria cuando las Comunidades Autónomas vean sobrepasados sus propios recursos, partiendo de un número mínimo de acogida de menores migrantes para cada comunidad autónoma, establecidos en la Conferencia Sectorial de Infancia”.
Además, instan al Gobierno de Canarias a que continúe interesando del Gobierno de España un “mando único en la coordinación de todos los ministerios y agencias del Estado para afrontar el fenómeno de la inmigración irregular”.
También piden al Ejecutivo regional a que se dirija a la presidencia de la Comisión Europea para que la responsabilidad del nuevo Comisario o Comisaria para la política migratoria de la UE, incluya la de los flujos migratorios hacia sus regiones ultraperiféricas, en particular las de la ruta atlántica hacia el Archipiélago canario.
“En España, las medidas adoptadas hasta el momento por el Gobierno se han mostrado insuficientes y no se corresponden con un escenario de planificación que responda al desbordamiento actual de la situación y prevea la más que probable intensificación de los flujos de inmigración irregular desde otros países subsaharianos o con otro tipo de embarcaciones”, critican ambas formaciones.
La falta de acuerdo en el arco parlamentario del Congreso de los Diputados, en sesión plenaria de 23 de julio, “ha producido el rechazo a la toma en consideración de la referida iniciativa y exige encontrar una respuesta normativa inmediata y sólida como corresponde a una Política de Estado y en la que deben estar implicadas todas las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas, en el marco del principio de solidaridad previsto en el art. 2 de la Constitución española”, sentencian.
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