Los grupos de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) en el Cabildo de Tenerife han registrado una moción para su debate en el próximo Pleno insular, previsto para el jueves 29 de mayo, en la que solicitan al Gobierno de España el adelanto completo del crédito presupuestado para 2025 antes del 30 de septiembre de ese mismo año. El objetivo, según recogen, es asegurar la continuidad de la gratuidad del transporte público en Tenerife y en el resto del archipiélago.
Los portavoces de ambas formaciones, José Miguel Ruano (CC) y Lope Afonso (PP), proponen que se adapte la normativa estatal vigente a las particularidades de la Comunidad Autónoma de Canarias. En concreto, piden al Estado que “adopte todos los requisitos de las ayudas reguladas en el Capítulo I del Título II del Real Decreto ley 1/2025, de 28 de enero, a la realidad y singularidad de esta Comunidad Autónoma, como lo ha sido hasta la fecha”.
En el documento, CC y PP también instan a que se adopte un acuerdo para reclamar que se mantenga la gratuidad del transporte público regular de viajeros en Canarias como “servicio público esencial, dada nuestra singularidad autonómica en el marco de la Constitución y en el de Región Ultraperiférica en el marco de la integración europea”.
Ambas formaciones defienden que esta medida “ha generado un beneficioso impacto en la economía familiar de la sociedad de Tenerife y en la propia movilidad sostenible de la Isla”. Añaden que “ha producido un proceso de transformación cultural positivo respecto al uso del transporte público, convirtiéndolo en una alternativa real y eficiente a la utilización del vehículo privado. La gratuidad ha demostrado ser una herramienta clave para avanzar hacia un modelo de sociedad equilibrada y sostenible”.
Sin embargo, advierten de que la continuidad de la gratuidad “está sujeta a riesgos desde la óptica presupuestaria”, debido a la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2024 y 2025, lo que ha obligado a prorrogar las cuentas existentes. Esta situación, señalan, “genera incertidumbre en la financiación del mismo por la falta de certeza y claridad sobre su financiación, que queda supeditada a la futura aprobación de créditos adicionales que garanticen su continuidad”.
Finalmente, los grupos firmantes alertan de que esta situación representa “una amenaza inevitable de falta de adaptación a las necesidades y circunstancias del momento, dificultades de planificación, licitación de obras y adquisiciones para la mejora y expansión del servicio e indecisión en las empresas operadoras a la hora de proyectar inversiones”.
