El Cabildo de Tenerife, a través del Área de Acción Social, ha aumentado en 1,3 millones de euros la financiación destinada al Anillo Insular de Políticas Sociales, alcanzando un total de 4,3 millones de euros.

La consejera de Acción Social, Águeda Fumero, destaca que “desde 2023, 12 nuevas entidades han entrado a formar parte del Anillo (en la actualidad contamos con un total de 46), que se constituye como una red de apoyo social, formada por organizaciones del tercer sector, con el respaldo de la administración”.

En este sentido, Fumero subraya “el importante papel que cumplen estas entidades en nuestra sociedad, formando una red de alianzas, que nos permite poner en marcha políticas de atención social mucho más eficaces y especializadas, especialmente dirigidas a personas dependientes y colectivos sociales vulnerables”.

Asimismo, la consejera explica que “nuestro objetivo en este ámbito está centrado en ampliar esta red de apoyo, que resulta fundamental como base para la necesaria revolución en el ámbito de lo social, y que supone un recurso clave a la hora de abordar y dar respuesta a cuestiones relacionadas, entre otras, con la atención a la dependencia”.

“El Cabildo constata su compromiso en la apuesta por centrar la atención en las personas, tal y como se refleja en el incremento presupuestario del área para 2025, que alcanza el 10%, con el ánimo de impulsar políticas útiles en la acción de gobierno”.

Águeda Fumero subraya que “existe un diálogo permanente entre estas entidades y el Cabildo, que nos permite aprovechar todos los recursos disponibles para ser más eficientes, estableciendo sinergias que permiten a las entidades conocer, en profundidad, todo el trabajo de la consejería de Acción Social, y en particular, de la Unidad de Atención a la Dependencia”.

El Anillo Insular de Políticas Sociales y las entidades que lo conforman permiten al Cabildo “acercar a todo el territorio insular servicios de prevención, de promoción, atención psicológica y tratamiento a enfermedades raras, entre otras cuestiones”, abarcando cinco ámbitos de intervención: salud mental, daño cerebral adquirido, inserción laboral, personas con discapacidad intelectual y enfermedades raras.

En definitiva, se trata de “servicios de promoción y proximidad para que las personas y sus familias tengan una atención social de calidad, complementaria a los servicios y prestaciones de la Ley de Dependencia”.