El Cabildo de Tenerife ha logrado que la Comisión Europea respalde su petición de revisar la aplicación de la Ley estatal 7/2022 de residuos, una norma que impone la misma tasa en todo el país sin tener en cuenta la realidad específica de las islas. Este aval europeo marca un antes y un después en la defensa de los derechos de los ciudadanos canarios y supone un paso clave para que el Gobierno de España rectifique y evite aplicar un ‘basurazo’ que podría multiplicar por dos o incluso por tres el recibo de la basura para miles de hogares. Con este respaldo, el Cabildo trasladará de inmediato al Ejecutivo estatal la necesidad de introducir bonificaciones, modulaciones o medidas específicas que eviten un trato injusto y económicamente insostenible para los vecinos y vecinas de las islas.

El documento de la Comisión Europea responde a una solicitud formal elevada por la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, tras ser aprobada por el Pleno insular el pasado 28 de abril. La propuesta exigía que el Estado corrigiera la ley para ajustarla a la realidad geográfica, logística y económica de los territorios insulares. La gestión de residuos en islas como Tenerife es más compleja y costosa que en territorios peninsulares, debido a la escasez de suelo, la falta de alternativas técnicas y los elevados costes de transporte y tratamiento.

En la carta enviada el pasado 14 de julio, la Comisión reconoce que la Ley española no ha tenido en cuenta la especificidad insular ni la condición de Región Ultraperiférica de Canarias. El organismo europeo invita al Gobierno de España a revisar el texto legal para permitir un tratamiento diferenciado para las islas, como contempla la normativa comunitaria. Este respaldo institucional, jurídico y político refuerza la posición del Cabildo, que ha actuado en defensa de toda Canarias frente a una legislación estatal que, de aplicarse como está redactada, supondría un impacto desproporcionado sobre los hogares, el comercio local y los ayuntamientos.

Con el respaldo de la Comisión Europea, el siguiente paso será trasladar formalmente al Gobierno de España la exigencia de modificar la normativa para incorporar un trato justo a las islas. “El Cabildo de Tenerife mantendrá su posición firme y continuará trabajando para que Canarias no sea la gran perjudicada de una ley mal aplicada”, indica Rosa Dávila.

La presidenta del Cabildo también ha insistido en que Tenerife no va a aceptar una tasa que ignora sus dificultades y encarece aún más la vida en las islas. Señala que el pronunciamiento europeo demuestra que la razón está de parte de los territorios insulares. “Hemos actuado con responsabilidad, defendiendo no solo los intereses de nuestra isla, sino del conjunto del archipiélago. Europa ha dejado claro que no se puede aplicar una ley a ciegas sin atender las condiciones reales del territorio. Este no es solo un logro para Tenerife, es un logro para toda Canarias”.

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha advertido que “la ley estatal obliga a los ayuntamientos a trasladar el 100 % del coste real de la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos al recibo que pagan los vecinos y vecinas”.

En Canarias, esto puede suponer subidas de hasta un 200 % para muchas familias y pequeños negocios. “Es una tasa que no distingue entre un municipio de la Península con acceso a grandes infraestructuras y una isla como Tenerife, que tiene limitaciones estructurales y logísticas importantes. No estamos en contra de que se pague por contaminar, pero sí de que se haga sin sensibilidad territorial ni proporcionalidad. De lo contrario, el peso recaerá injustamente sobre los ciudadanos y los ayuntamientos”, manifiesta la consejera de Medio Natural.

El Cabildo recuerda que esta tasa impuesta por la Ley 7/2022 penaliza especialmente a territorios como el canario, donde la insularidad y la fragmentación geográfica dificultan la gestión de residuos y elevan sus costes.

La directiva europea permite a los Estados miembros introducir medidas adaptadas a las condiciones locales, “pero el Estado español no ha previsto ni excepciones ni bonificaciones para los territorios insulares. Esto, tal como alerta la propuesta aprobada por el Cabildo, genera un impacto económico y social injustificado sobre los servicios públicos y el tejido económico local. Por eso, no lo vamos a permitir y lo vamos cambiar”, concluye Dávila.