El Cabildo de Tenerife ha superado el conflicto en torno al Auditorio de Tenerife Adán Martín y ha logrado que el arquitecto Santiago Calatrava ya esté trabajando en el proyecto de restauración, que se espera finalizar en noviembre de 2024.
Según Juan Carlos Pérez Frías, director insular de Hacienda, “el PSOE no pudo resolver el conflicto con Calatrava y las constructoras durante cuatro años, pero desde que asumimos las responsabilidades en el Cabildo, hemos desbloqueado la situación, retomando negociaciones rotas y avanzando hacia la redacción del proyecto técnico necesario para iniciar las obras”.
La reactivación de las negociaciones fue crucial para garantizar el inicio y la continuidad de las reparaciones. El presupuesto inicial de la reparación, establecido en 2018, asciende a 18,1 millones de euros, incluyendo una partida adicional de 5 millones de euros para posibles contingencias que podrían requerir la suspensión de actividades culturales.
El Cabildo tiene la intención de que las obras de reparación no afecten la programación cultural del Auditorio, siguiendo el ejemplo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, que permaneció abierta durante su reforma. La evaluación técnica garantizará que las decisiones tomadas sean las más adecuadas para la seguridad y operatividad del edificio.
El conflicto en torno al Auditorio de Tenerife Adán Martín surgió años después de la finalización de las obras, cuando se detectaron desperfectos en el revestimiento del edificio, conocido como trencadis, característico de las obras de Calatrava. En 2016, el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, encargó a la empresa Intemac un informe para evaluar el estado del edificio. El peritaje concluyó que los fallos en el revestimiento se debían principalmente a una defectuosa adherencia a las superficies y otros factores coadyuvantes, como “la rigidez del mortero de rejuntado y las solicitaciones a las que el edificio estaba sometido”.
Como resultado de este informe, en 2018 se ordenó la reparación de los daños y se atribuyó la responsabilidad de los vicios detectados a todos los agentes involucrados en el proceso constructivo, incluyendo al arquitecto Santiago Calatrava y a la UTE formada por Acciona Construcción, Dragados y Promotora Punta Larga. El presupuesto de la reparación se estimó en 18.165.492,63 euros en ese momento.
En julio de 2019, las partes se reunieron ante el Magistrado que llevaba el proceso, quien instó a encontrar una solución extrajudicial similar a la lograda con el Auditorio de Valencia. Todas las partes acordaron iniciar negociaciones y solicitaron la suspensión del proceso, que fue concedida por el Magistrado. Sin embargo, “el inicio de las negociaciones coincidió con la entrada del gobierno socialista en el Cabildo, que durante más de tres años no logró avanzar hasta el punto de necesitar la ejecución forzosa del acuerdo en 2022”, según el director insular de Hacienda.
Además, “en mayo de 2023, en plena campaña electoral, Calatrava se dirigió al Cabildo para manifestar su disposición a redactar el proyecto, solicitando un nuevo plazo. Finalmente, el 27 de septiembre de 2023, con el nuevo equipo de gobierno, se acordó la redacción del proyecto con un nuevo plazo hasta noviembre de 2024”. Pérez Frías señala que esta solución es la más conveniente para el interés público y la agilización de los trabajos de reparación: “No podemos olvidar que el arquitecto tiene derechos de autor sobre la obra y su participación en el proyecto es jurídicamente fundamental. Además, otorgarle la prórroga evita la necesidad de una licitación pública, que habría retrasado aún más la reparación del Auditorio.”
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