El Cabildo de Tenerife, a través del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIAT), presentará una denuncia ante la autoridad judicial por los hechos ocurridos la noche del pasado 26 de septiembre en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) comarcal de Punta Brava, en Puerto de la Cruz. Con ella pretende que se investiguen “hasta el último extremo” y que se determinen todas las responsabilidades que pudieran corresponder. La corporación considera que la gravedad de lo sucedido exige una investigación exhaustiva, sin descartar ninguna hipótesis sobre el origen de la incidencia.
Según explica la institución, los hechos se produjeron el sábado 26 de septiembre en el circuito terciario de la planta, destinado al tratamiento y regeneración del agua depurada para su posterior reutilización en el riego agrícola. La incidencia provocó la salida de cloruro férrico diluido, un producto empleado en el proceso de tratamiento del agua. El volumen derramado se estima inicialmente en menos de 1.000 litros, aunque el Cabildo advierte de que esa cifra no permite dar por cerrado el alcance del incidente.
Por ello, la institución reclamará que se determine con exactitud cómo se produjo la rotura, cuál fue el recorrido del producto, qué consecuencias tuvo y si existieron otros factores que pudieran haber contribuido a lo ocurrido. El Cabildo quiere conocer con “absoluta precisión” qué sucedió, qué provocó la rotura de la conducción, cómo se produjo la salida del producto y qué actuaciones se llevaron a cabo desde el momento en que se detectó el incidente. También pretende averiguar si se aplicaron correctamente los protocolos de seguridad y, de manera especial, qué hacían personas ajenas a la instalación en sus dependencias.
Expediente de investigación a Aqualia
En paralelo, el CIAT ha abierto un expediente de investigación a la empresa operadora, Aqualia, para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo la incidencia y comprobar el cumplimiento de todas las obligaciones relativas a la explotación, vigilancia, seguridad y mantenimiento de la instalación. El Cabildo exigirá que se aclare si existieron fallos de mantenimiento, incumplimientos de los protocolos de seguridad, deficiencias en la vigilancia de las instalaciones o cualquier otra circunstancia relevante, así como las responsabilidades que, en su caso, pudieran derivarse.
La corporación insular considera además “especialmente necesario” esclarecer la presencia y el acceso de personas ajenas a las instalaciones, determinar en qué circunstancias se produjo y comprobar si se vulneraron los sistemas y protocolos de seguridad establecidos.
Defensa de las infraestructuras hidráulicas
El Cabildo asegura que será “contundente en la defensa de la seguridad de las infraestructuras hidráulicas de Tenerife” y que no dará por válida ninguna explicación que no esté respaldada por hechos, pruebas e informes técnicos. En palabras de la institución, “quiere saber qué pasó y por qué pasó, y llegará hasta donde sea necesario para esclarecerlo”.
La institución subraya que no corresponde anticipar conclusiones antes de disponer de todas las pruebas, pero tampoco minimizar unos hechos que afectan a una infraestructura esencial y que deben aclararse “con absoluta transparencia”. A su juicio, las infraestructuras hidráulicas son esenciales para la isla y deben funcionar con las máximas garantías de seguridad, mantenimiento y protección ambiental. “No puede haber zonas grises cuando está en juego una instalación de estas características”, sostiene.
Respecto a la empresa operadora, el Cabildo recuerda que tiene la obligación de garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones que gestiona y de cumplir estrictamente las condiciones establecidas para su explotación. La institución exigirá el cumplimiento íntegro de esas obligaciones y, si la investigación determina que existieron responsabilidades, reclamará que sean “depuradas hasta las últimas consecuencias”.
Por último, el Cabildo mantendrá su colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y con la autoridad judicial, y pondrá a disposición de la investigación toda la información y documentación de la que disponga. “El objetivo es inequívoco”, afirma la institución: saber exactamente qué ocurrió, determinar por qué ocurrió y garantizar que una situación de estas características no vuelva a producirse.Noticia relacionada:
Aqualia ya ha denunciado los hechos ocurridos en la depuradora de Punta Brava
