El Ayuntamiento de San Miguel de Abona ha emitido un comunicado aclarando su papel en la reciente detención de un hombre el pasado 10 de octubre, acusado de facilitar la inmigración irregular y falsedad documental a través de empadronamientos fraudulentos.
La investigación, que se inició en abril de 2024, reveló que el detenido había empadronado de manera irregular a 64 personas en su domicilio, quienes a cambio de tarifas de entre 200 y 350 euros obtuvieron certificados de inscripción padronal necesarios para regularizar su situación en España.
Desde enero, el consistorio había informado a la Policía Nacional sobre presuntas irregularidades relacionadas con el empadronamiento en una vivienda del municipio. La colaboración entre el Ayuntamiento y las fuerzas de seguridad ha sido continua, garantizando que se mantuvieran los procedimientos adecuados sin interferir en la investigación.
El comunicado del Ayuntamiento responde a las críticas formuladas por el PSOE, que ha señalado la “falta de control” por parte de Coalición Canaria, el partido que gobierna en el municipio.
En su defensa, el Ayuntamiento enfatiza que la investigación ha sido emprendida tras la detección de anomalías y que ha trabajado activamente con la Policía Nacional y Local para abordar la situación. El consistorio recuerda que organismos como el Instituto Nacional de Estadística (INE) “no cuentan con una normativa que limite el empadronamiento por domicilio”.
