El Pleno del Ayuntamiento de Arona ha aprobado por unanimidad una moción institucional con carácter de urgencia sobre la Ley 7/2022 de Residuos y suelos contaminados para una economía circular. En particular, la obligación de establecer una tasa específica para cubrir el coste total de los servicios de recogida, transporte y tratamiento de residuos supone un reto para los municipios. La medida, impuesta por el Gobierno de España sin consultar a los ayuntamientos ni a la ciudadanía, duplicará la tasa de basura para los vecinos a partir del 1 de enero de 2025.

La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, ha señalado que “esta Directiva Europea de residuos no ha impuesto directamente la obligación de incrementar las tasas de basura a los estados miembros. Ha sido el Gobierno nacional, con su decisión, el responsable de que vecinos y empresas tengan que pagar más”.

A pesar de que el Estado asegura que esta medida busca asegurar la financiación sostenible de estos servicios, la Ley no establece una regulación clara ni homogénea sobre aspectos clave como el cálculo de la tasa o los informes económicos necesarios. Esta falta de claridad deja a los ayuntamientos con la tarea de definir y justificar todos los elementos relacionados con el coste del servicio, lo que podría generar disparidades en su aplicación y una notable inseguridad jurídica.

La concejala de Economía y Hacienda de Arona, Guacimara Tavío, ha comentado que “el Gobierno de España obliga a los Ayuntamientos a subir, en muchos casos hasta duplicar, la tasa de recogida de basuras. No obstante, al objeto de paliar el aumento de la presión fiscal que causará la subida de esta tasa, el Grupo de Gobierno de Arona está trabajando en implementar una serie de modificaciones en las ordenanzas fiscales actuales, como pueden ser de reducción de los tipos impositivos o la implementación de bonificaciones y deducciones, que puedan compensar el efecto que cause este incremento”.

Además, la Ley no contempla medidas suficientes para tener en cuenta la capacidad económica de los ciudadanos, lo que podría generar una aplicación percibida como una carga adicional en lugar de un incentivo para la corresponsabilidad ciudadana con la economía circular.

Por ello, el Pleno del Ayuntamiento de Arona ha instado al Gobierno de España a revisar y reformar la Ley 7/2022, asegurando una regulación clara, homogénea y respetuosa con la autonomía municipal. De igual manera, se requiere un estudio de impacto detallado que analice los costes y efectos de la Ley, considerando sus implicaciones sociales, económicas y medioambientales.

El consistorio aronero ha solicitado también que el Estado impulse de manera urgente la reforma de la Ley 7/2022, creando una regulación más clara y concisa que evite la discrecionalidad de cada Entidad Local y, respetando la autonomía local, garantice el cumplimiento de los objetivos de la Directiva Europea.

Arona también ha pedido apoyo para la inversión en infraestructuras, proponiendo la creación de un Plan Nacional de Infraestructuras para la Economía Circular que ayude a los municipios en la implementación de sistemas de reciclaje, tratamiento y gestión de residuos, sin trasladar íntegramente los costes a los ciudadanos.

Además, el Ayuntamiento solicita al Gobierno la financiación de campañas de sensibilización y educación que fomenten la corresponsabilidad ciudadana en la separación de residuos, el reciclaje y la reducción de desperdicios.

Asimismo, el Pleno ha instado al Gobierno de Canarias y a los fondos recaudados en la Isla de Tenerife desde el 1 de enero de 2023 a través del impuesto de vertidos establecido en la Ley 7/2022, para que reviertan los fondos recaudados a los municipios y se realicen las inversiones necesarias a nivel municipal e insular, conforme a lo que la Ley ya determina y que se está recaudando con los presupuestos vigentes, pero sin concretar cantidades para los municipios.

Finalmente, el Pleno acordó trasladar este acuerdo al Gobierno de España, al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, al Ministerio de Hacienda, a las asociaciones de municipios y provincias, así como a los portavoces de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados y el Senado.