El adjunto primero de la Diputación del Común de Canarias y doctor en Ciencias de la Información, Antonio Alarcó, considera que la crisis de Ceuta obliga a analizar la responsabilidad política ante una situación que afecta directamente a la seguridad y a la integridad territorial de España.

Alarcó advierte de que la palabra “traición” debe utilizarse con prudencia y no confundirse una mala gestión o una negligencia con un delito. Sin embargo, considera que existe una responsabilidad política que debe ser examinada. “Un gobernante puede no ser penalmente traidor y, sin embargo, ser políticamente irresponsable”, afirma.

Gobernar es anticiparse

Alarcó considera que Ceuta no puede abordarse únicamente como una cuestión migratoria. “Gobernar no consiste únicamente en reaccionar cuando el problema ya está encima de la mesa. Gobernar significa anticiparse”, sostiene.

Por ello, reclama aclarar qué información tenían las instituciones antes de la entrada masiva, cuándo la conocieron y por qué la respuesta pudo llegar tarde. “¿Quién sabía qué y cuándo lo sabía?”, plantea.

En opinión de Alarcó, una crisis de esta magnitud no puede despacharse simplemente como un acontecimiento inesperado cuando existen dudas y versiones contradictorias sobre la información disponible previamente. “Preguntar no significa acusar. Exigir explicaciones no significa declarar culpables”, subraya.

Ceuta es España

El adjunto primero de la Diputación del Común recuerda que “Ceuta es territorio español” y que su defensa exige una política de Estado basada en la seguridad, la anticipación y el respeto a los derechos fundamentales.

En este sentido, apunta que los ciudadanos tienen derecho a conocer lo ocurrido y a exigir responsabilidades si se produjeron errores. “La seguridad nacional no pertenece a un partido. Ceuta tampoco”, manifiesta.

Alarcó recuerda que debe prevalecer siempre la “presunción de inocencia, pero nunca la presunción de indecencia. Ceuta es España”, recalca.

La verdadera cuestión, sostiene, no es utilizar la palabra “traición” como arma política, sino determinar si los responsables cumplieron con su obligación de proteger adecuadamente a Ceuta.

“Si la respuesta es sí, que presente las pruebas y explique sus decisiones. Si la respuesta es no, que asuma las responsabilidades políticas correspondientes”, concluye.